El 'número dos' de Junqueras, acusado de sedición por el referéndum ilegal

 

Josep Maria Jové en una imagen de archivo | Foto: Associació Catalana de Municipis.

La Guardia Civil atribuye un presunto delito de sedición al secretario general de Economía, Josep Maria Jové, detenido el miércoles dentro del operativo policial contra la organización del referéndum de independencia.

Según han informado fuentes de la defensa, el Instituto Armado, en su escrito, achaca también al 'número dos' del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos por "gestionar elementos fundamentales" para el 1 de octubre.

Pese a que la Guardia Civil le atribuye sedición -igual que a otros cargos detenidos-, este delito no figura en el comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envió el miércoles a los medios sobre los supuestos delitos que investiga el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

Según el TSJC, el juez instructor, Juan Antonio Ramírez, que mantiene el caso bajo secreto y ordenó las entradas y registros del miércoles en sedes de la Generalitat, atribuye únicamente a la veintena de investigados los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.

El delito de sedición, sin embargo, sí que figuraba en la querella de los abogados Miguel Durán Campos y Miguel Ángel Durán Muñoz, a partir de la que el juez inició la investigación, y la presentada posteriormente por el partido político Vox.

12.000 EUROS DIARIOS

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha impuesto multas diarias Jové por una cuantía de 12.000 euros diarios mientras insista en su desobediencia a este órgano, la misma que se ha impuesto para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura que ejerce a modo de Junta Electoral Central de cara al próximo 1 de octubre.

Se le ha impuesto esta sanción como jefe de la administración electoral y en este sentido también han sido fijadas multas, aunque de 6.000 euros diarios a Montserrat Vidal y Roca, igualmente responsable de este asunto. Esta última cuantía coincide con la señalada para los 15 síndicos electorales territoriales.

Las multas se impondrán hasta que ambos "justifiquen ante el tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto", según concreta el tribunal de garantías en su auto.

Al igual que ocurre en el caso de los síndicos electorales sólo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la presente resolución.

En consecuencia, el Pleno concede al fiscal y a los dos afectados un plazo común de tres días para que informen y después dictará una resolución "levantando, confirmando o modificando las multas diarias previamente adoptadas".

Considera que vienen incumpliendo varias resoluciones, como son las que suspendieron la ley de referéndum y las normas complementarias para la realización de éste y también el auto que suspendió la de transitoriedad jurídica y fundacional de la república como consecuencia de la admisión a trámite de un recurso del Gobierno.

El TC recuerda en su resolución de este jueves que dichas providencias fueron publicadas por el BOE, por lo que quedó garantizado su conocimiento y efectos.

Además, por providencia del pasado 14 de septiembre, se advirtió expresamente a Jové y a Vidal de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir la suspensión acordada" sobre la ley del referéndum y de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en que podrían incurrir si no atendían a las decisiones del Tribunal.

DECISIONES DESOBEDIENTES

Entre otras decisiones que incumplen las resoluciones del Tribunal, el auto cita las siguientes: la aprobación de los modelos de las papeletas y la documentación electoral; la confección y distribución de las mismas a través de la página web; la realización de la campaña institucional sobre el referéndum; la elaboración de un "Manual de Instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las Mesas Electorales" y, finalmente, la puesta a disposición de la sindicatura electoral de Catalunya y de las sindicaturas electorales de demarcación de los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones.

El tribunal destaca que la administración electoral de la Generalitat "ocupa una posición central en la celebración del referéndum al tener asignados cometidos cruciales para que el referéndum pueda llevarse a cabo"; asimismo, que Jové y Vidal aglutinan "la totalidad de las funciones que competen a dicha administración", hasta el extremo de que "sin su concurrencia las resoluciones de este Tribunal no se hubieran podido incumplir".

En atención, por lo tanto, a la gravedad del incumplimiento; a la importancia y número de las resoluciones infringidas; a las consecuencias que para el interés general pueden derivarse del incumplimiento; y a la urgencia de que se cumplan las resoluciones, dada la fecha prevista para la celebración del referéndum, el tribunal de garantías decide imponer las multas coercitivas.

REGISTRO DOMICILIARIO

Según han explicado fuentes de la defensa, la Guardia Civil detuvo a Jové sobre las ocho de la mañana del miércoles cuando circulaba por la Ronda Litoral de Barcelona: varias patrullas del Instituto Armado le salieron al paso y lo arrestaron.

La Guardia Civil condujo entonces al 'número dos' de Junqueras a su domicilio para que estuviera presente, junto a su abogado, en una entrada y registro en la que los agentes incautaron móviles, ordenadores y alguna documentación.

Al acabar el registro, no lo llevaron a su despecho de la Conselleria de Economía sino al cuartel de la Guardia Civil donde, a primera hora de la mañana de este jueves, todavía no le habían tomado declaración.

El abogado de Jové ha solicitado también un 'habeas corpus' -una comparecencia ante un juez para valorar la legalidad de una detención- que todavía no se ha resuelto, según fuentes de la defensa.

El secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat se ha negado este jueves a declarar ante la Guardia Civil y pasará este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que se encarga de la investigación de los preparativos del referéndum.

Según ha indicado su defensa, Jové se ha negado también a firmar el acta de declaración al considerar que había irregularidades y por inconcreción en los hechos delictivos que se le imputan.