La Fiscalía denuncia ante la Audiencia Nacional las concentraciones de los independentistas por sedición

 

La Fiscalía presenta una denuncia por delitos de sedición ante la Audiencia Nacional por los altercados consecuencia de las concentraciones que se llevan produciendo en Barcelona y otras poblaciones a raíz del estallido de la operación contra cargos de la Generalitat responsables del 1-O, han confirmado fuentes de este órgano.

La denuncia por las concentraciones en Catalunya de los pasados 20 y 21 de septiembre rente la Conselleria de Economía y en torno al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya --que por turno ha correspondido al juez Ismael Moreno-- atribuye esta conducta delictiva a las "personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones" pero también a la "existencia de un concierto de voluntades entre personas o entidades, públicas o privadas" que con sus actos hayan impulsado movilizaciones o "movimientos populares para imponer el referéndum independentista por la fuerza de la intimidación".

La denuncia se presenta en relación con los incidentes como los daños en coches policiales registrados especialmente el pasado miércoles a raíz de las concentraciones.

En la manifestación del 20 de septiembre algunos vehículos la Guardia Civil acabaron con las lunas rotas y repletos de basuras y desperdicios, y agentes del cuerpo personados en la citada Conselleria tuvieron que permanecer en su interior durante horas sin poder salir al no estar garantizada su seguridad.

En el texto de la denuncia se pide al juez que abra actuaciones por estos hechos y que dirija oficio a la Guardia Civil para que elabore un atestado con "todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" en cumplimiento de las resoluciones dictadas por el juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

Se trata del magistrado que ordenó la detención de cargos de la Generalitat responsables de la organización de la consulta ilegal del 1 de octubre.

Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación para revisar imágenes y estudiar la petición de responsabilidades individuales a quienes atacaron sus coches oficiales, incluyendo algunos camuflados. Los mayores daños los sufrieron tres todoterrenos aparcados frente a la sede de la Conselleria de Economía.

UN DELITO SINGULAR

El Código Penal castiga en su artículo 544 con hasta 15 años de cárcel a quienes "se alcen pública y tumultuariamente" para "impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes", o para "impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". La competencia para investigar estos hechos corresponde a la Audiencia Nacional.

En este órgano existe un precedente reciente, del pasado mes de abril, cuando la Audiencia Nacional archivó una causa contra el concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por un delito de incitación a la sedición.

Se le investigó concretamente por llamar a la desobediencia durante un pleno de diciembre de 2015, en el que el consistorio mostró su apoyo a la proclamación del Parlament de inicio de la 'desconexión' de Catalunya con el resto de España.

Finalmente, el juez Central de Instrucción número 2 Ismael Moreno estimó que no se le podía atribuir sedición y decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción de Vic (Barcelona) por posibles delitos de desobediencia y prevaricación.