¿Qué observadores internacionales puede haber en un referéndum ilegal?
La Generalitat quiere que observadores internacionales asuman las funciones de la Sindicatura Electoral disuelta para esquivar las multas del TC, pero estos están obligados a respetar la soberanía y la ley de España.
La única organización invitada por el Govern no es firmante de los documentos de la ONU para estos casos.
La Generalitat quiere que observadores internacionales asuman las funciones de la Sindicatura Electoral disuelta este viernes 22 de septiembre por el Govern para esquivar las cuantiosas multas impuestas por el Tribunal Constitucional (TC).
Estos se encargarían de velar por el correcto desarrollo del referéndum ilegal del 1-O, como validar el censo electoral y realizar el escrutinio para poder validar el proceso.
Según la ley del referéndum -tumbada por el TC el 7 de septiembre-, es la Sindicatura la encargada de acreditar a los observadores internacionales.
Pero, ¿quién designará ahora a estos observadores internacionales si ya no hay Sindicatura?
Además, las competencias que la suspendida ley del referéndum otorga a los observadores internacionales se limitan a que puedan "dirigir consultas, observaciones y recomendaciones a la Sindicatura Electoral", no que ejerzan las funciones de este órgano ahora disuelto.
Y además, ¿a qué leyes se deben atener estos observadores?
RESPETO A LA LEY
La 'Declaración de principios para la observación internacional de elecciones' y el 'Código de Conducta para observadores internacionales de elecciones' establecen que estas misiones deben llevarse a cabo respetando la soberanía, las leyes y las autoridades electorales del país donde se celebran.
"La observación internacional de elecciones debe llevarse a cabo respetando la soberanía del país que celebra las elecciones y respetando los derechos humanos del pueblo del país", dice el párrafo nueve de la Declaración, firmado en 2005 por las principales organizaciones dedicadas a esta tarea.
Además, añade que estas misiones "deben respetar las leyes del país anfitrión, así como a las autoridades nacionales, incluidos los órganos electorales, y actuar de manera compatible con el respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales".
Estos documentos fueron firmados en 2005 en la sede de la ONU por representantes de una veintena de organizaciones internacionales y ONG, entre ellas las que tienen más experiencia como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y ONG como el Centro Carter -que se desentendió del 1-O- o el National Democratic Institute.
Entre los firmantes no está --al menos ente los firmantes originales-- el Hague Center for Strategic Studies que es quien financia una de las misiones de observadores invitada por el Gobierno catalán para el referéndum del 1 de octubre.
En todo caso, fuentes conocedoras de este tipo de misiones explican que en España solo la OSCE puede observar procesos electorales y solo de ámbito nacional.
"OBSERVACIÓN ELECTORAL A LA CARTA"
El diputado del PSOE Ignacio Sánchez-Amor, con amplia experiencia en observación internacional de elecciones, ha explicado que en los últimos tiempos están proliferando entidades que se ofrecen a los gobiernos para hacer una "observación electoral a la carta". Por eso, señala la importancia de que toda misión electoral haga público quién es el pagador final de la iniciativa.
El propio Consorcio de Diplomacia Pública de Catalunya intentó que la ONU lo acreditase como observador internacional, pero no lo consiguió.
No obstante, este organismo aseguró que su intento no tenía que ver con el proceso soberanista en Catalunya sino con su interés de promover la observación de procesos en otros países.
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