Los jueces defienden su independencia y niegan que Sánchez y Cuixart sean presos políticos

La Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado a raíz del encarcelamiento de los presidentes de Òmnium Cultural y de la ANC.

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Jueces democracia

 

Jueces democracia

Los jueces defienden la independencia judicial


La Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado a raíz del encarcelamiento de los presidentes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la ANC, Jordi Sànchez.


El comunicado argumenta que “España cuenta con un sistema de justicia penal plenamente garantista y acorde con los estándares europeos propios de un estado de derecho. Sus jueces y juezas son independientes e imparciales. El Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, del que nuestro país es parte, reconoce el derecho a un juez independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio. A tal efecto, existen mecanismos legales en nuestro ordenamiento para apartar del conocimiento de un caso concreto al juez en quien concurra alguna causa que le impida el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional. Y todas las resoluciones judiciales han de estar fundadas en derecho y son revisables por un tribunal superior”.


“En nuestro sistema judicial cualquier persona privada de libertad ha de estarlo con arreglo a derecho, estando excluidos los presos por razón de sus creencias o ideas políticas. Bajo ningún concepto se puede hablar, pues, de "presos políticos" en nuestro país”; aseguran las cuatro asociaciones firmantes en relación a las medidas cautelares acordadas por la Jueza del Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional con respecto a los presidentes de Òmniun Cultural y de la ANC .


“Finalmente, en una sociedad democrática como la española, la fiscalización pública de la actuación de los órganos judiciales le preserva frente a eventuales actuaciones arbitrarias, injustas o irrazonables”, concluye el texto.

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