Letrados del Parlament: las medidas del Gobierno pueden "atacar" al Estado de Derecho
El informe es un encargo del secretario general del Parlament a varios letrados de la cámara sobre las consecuencias del 155 en el funcionamiento del Parlament.
Un informe cuestiona las medidas de la aplicación del 155
Un informe de letrados del Parlament afirma que las medidas que previó el Gobierno en Consejo de Ministros para aplicar en Catalunya el artículo 155 de la Constitución pueden implicar un "ataque contra el Estado de derecho que supondría vulnerar el principio de legalidad y de jerarquía normativa" si un real decreto prevalece sobre el Estatut, que a su vez forma parte del bloque constitucional.
El informe es un encargo del secretario general del Parlament a varios letrados de la cámara sobre las consecuencias del 155 en el funcionamiento del Parlament y sobre posibles medidas de impugnación.
JxSí pidió formalmente el lunes que el Parlament actúe "administrativa, civil, constitucional y penalmente" contra el 155, y los servicios jurídicos de la cámara empezaron a estudiar las posibilidades.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el informe aún debe pasar por la junta de letrados, por lo que todavía puede haber algún ajuste en el documento.
El texto sostiene que "las instrucciones del Gobierno no pueden alterar" lo que dispone el Estatut porque éste concreta el contenido esencial del derecho a la autonomía.
Así, y en lo que afecta al Parlament, los letrados ven "factible" que los diputados puedan interponer recursos de amparo ante el TC en defensa del derecho a ejercer plenamente sus cargos públicos como representantes del pueblo de Catalunya.
LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL
Al abordar concretamente las medidas previstas en el reciente Consejo de Ministros extraordinario, el informe constata que destituir al Govern de la Generalitat "plantea serias dudas sobre su adecuación al orden constitucional y estatutario vigente".
Añade que la facultad de dar instrucciones a todas las autoridades de una autonomía "no puede implicar su destitución o cese" porque sólo el presidente del Govern tiene la suprema representación de la Generalitat y la ordinaria del Estado en Catalunya.
Si la medida del Gobierno central pretende asegurar que se cumplen instrucciones dadas al presidente de la Generalitat, el informe dice que el ordenamiento jurídico ya prevé los mecanismos de exigencia de responsabilidades políticas e incluso penales, pero son mecanismos "atribuidos a órganos distintos del Presidente del Gobierno español", como pueden ser el Parlament y el TSJC, según el Estatut.
Y añade que "no se puede suspender la configuración del autogobierno en aplicación del artículo 155", lo cual, en el caso de Catalunya, se basa en el artículo 152 de la propia Carta Magna y en el 65 del Estatut --que prevé que el presidente de la Generalitat disuelva el Parlament anticipadamente--.
El documento también alude a dos de las medidas que prevé el Gobierno central: por una parte, la D1, que "pretende que el Parlament no pueda investir a ningún presidente de la Generalitat durante el plazo máximo de seis meses".
Y, por otra parte, la D2, que "pretende impedir que el Parlament cree comisiones de investigación o fije comparecencias".
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