Puigdemont pagó a empresas que montaban las estructuras del Estado catalán con fondos para la creación de empleo

El Govern desvió fondos del presupuesto de la Generalitat según las investigaciones policiales.

Según publica este martes El Confidencial, la investigación sobre el referéndum independentista del 1-O y la creación de las llamadas estructuras de Estado, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, ha permitido descubrir que el Ejecutivo de Carles Puigdemont desvió fondos de partidas presupuestarias para financiar la construcción de una nueva hacienda catalana y asegurarse la celebración del referéndum del 1-O.

Parece ser que parte del dinero salió de los fondos que el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat tendría que haber destinado a políticas activas de empleo, inclusión social, refugiados o inmigración, entre otros capítulos.

La pista más valiosa llegó a la Policía Nacional en un correo anónimo que advirtió de que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), estaba inmerso en un proyecto de “alto secreto” junto a un nuevo proveedor, la empresa DXC Technology.

En el CTTI, además de atribuirle la máxima confidencialidad, se abordó como el asunto “más prioritario de todos los asignados a DXC” y la fecha límite en la que debían estar en funcionamiento esos servidores era a principios de septiembre, con margen suficiente para probarlos ante del referéndum del 1-O.

De este modo la  llamada "operación Taulat" tenía como último objetivo la creación de una Hacienda catalana que permitieran a la Generalitat ser autosuficiente el día después de declarar la independencia.

Una segunda denuncia anónima enviada a la Policía incidió en la implicación del Departamento de Trabajo, Bienestar Social y Familia en otro presunto desvío de fondos públicos, donde se alertaba de que en las oficinas de la Agencia de Protección Social del Paseo de Taulat se estaba realizando un “software con referencia al 1 de octubre” y estaban utilizando “presupuesto de otros gastos de prestaciones para contratar personal que ese fin ”. Es decir, que los recursos de esa cartera del Gobierno estaban siendo usados para un fin distinto al validado por el Parlament.

Las averiguaciones motivaron que Trabajo, Bienestar Social y Familia fuera una de las consejerías registradas por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre en la llamada operación Anubis. Uno de los 14 arrestados en el dispositivo fue David Franco, gestor de proyectos del CTTI y las escuchas telefónicas revelaron que estuvo implicado en la creación de la Hacienda catalana y en el diseño de la plataforma para registrar a los voluntarios del referéndum del 1-O.  En esas conversaciones también intervino activamente Josep Ginesta, número dos del Departamento y la número uno, Dolors Bassa.

La investigación ha encontrado indicios del montaje de una administracióni paralela.

En los informes policiales de la Guardia Civil se desprenden desvíos sistemáticos en los presupuestos de la Generalitat para costear el montaje de la administración paralela y la celebración de la consulta del 1-O. En algunos casos, como en la campaña de publicidad para el voto exterior, se utilizaron contratos marco para camuflar gastos prohibidos por el Tribunal Constitucional. También ocurrió con las adjudicaciones del CTTI a multinacionales tecnológicas. 

Las pesquisas subrayan el papel que desarrollaron IBM y T-Systems, que presuntamente habrían cooperado con la Generalitat para eludir el control de la Justicia. Mientras, IBM, en una nota pública, manifiesta que había sido contratada por la Generalitat de Catalunya para gestionar las aplicaciones que dan soporte a los impuestos cedidos a la administración catalana, así como impuestos propios, definidos siempre dentro de su ámbito competencial. La empresa asegura que la actividad se desarrolla dentro del marco legal vigente. "IBM cumple con el marco constitucional español, como ocurre en el resto de los países en los que opera. Todos nuestros contratos y operaciones con el Gobierno Autónomo Catalán cumplen con la Constitución española y las leyes de la Unión Europea", añade.

La verdadera prioridad de Puigdemont era la operación Taulat. Bajo el paraguas de ese organismo debía quedar una maraña de instituciones perfectamente engrasada para el momento de la independencia catalana. 

En el diseño de esa estructura se configuran nuevos órganos como:  el Consejo Fiscal, el Instituto de Estudios Tributarios, la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional y una unidad específica de fraude fiscal y profundiza en la composición del Servicio Catalán de Gestión de Ingresos integrado por la Agencia Tributaria Catalana, la Agencia Catalana de Recaudación de Ingresos, la Agencia Catalana de Comercio Exterior y Aduanas y la Agencia Catalana de Propiedad Inmobiliaria.