Orden de busca y captura contra Puigdemont por cinco delitos

 

Y para los cuatro exconsellers que 'escaparom' a Bruselas.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado este viernes órdenes europeas de detención (OEDE) para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consellers cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas y que no acudieron ayer a declarar por su implicación en el desarrollo del proceso independentista.

Así, Lamela les imputa además de los delitos de rebelión, sedición y malversación", prevaricación y desobediencia.

DOS AUTOS DIFERENTES

Por cada uno de los cinco exmiembros del Govern que no acudieron ayer a la Audiencia Nacional, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha dictado dos autos diferentes.

Uno dirigido a la Fiscalía Federal Belga para que sean detenidos en dicho país y otro de busca y captura nacional e internacional por si se encontraran en otro lugar. Esta última orden se tramita a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol.

Las órdenes han sido cursadas contra Puigdemont, Lluis Puig (exresponsable de Cultura), Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación), a quienes deniega igualmente la petición de declarar en la causa por videoconferencia al no concurrir ninguno de los casos para autorizar esta medida. 

"Han viajado a Bélgica con la única finalidad de eludir las responsabilidades que pudieran tener en España", les recuerda la juez.

La magistrada expone en los diez autos todos los hechos llevados a cabo por Puigdemont y el resto de consellers cesados desde 2015, cuando se aprobó la resolución que dio pie al proceso independentista, hasta la votación el pasado viernes en el Parlament de la declaración unilateral de independencia (DUI).

ACOSO EN FORMA DE ESCRACHE

La magistrada sostiene que Puigdemont "incumplió frontalmente" las suspensiones ordenadas por el Tribunal Constitucional de todas las leyes de desconexión así como el mandato del alto tribunal de "abstenerse de realizar cualquier actuación" para sacar adelante la celebración del referéndum e incluso "de impedir" cualquier iniciativa dirigida a su celebración.

"Promovió actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación en Catalunya sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación del Govern y el Parlament al margen de las leyes y en contra de la Constitución", dice sobre Puigdemont.

Además, añade que impulsó "actos de acoso en forma de escraches" contra los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil "en sus lugares de trabajo y descanso".

Igualmente le acusa de "planificar, organizar y financiar" con fondos públicos el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y cifra la cuantía en 6,2 millones de euros; un acto "no ya contrario a Derecho sino constitutivo de delito" en tanto vulneraba la declaración de inconstitucionalidad declarada por el TC contra la Ley de Presupuestos de la Generalitat.

PREVARICACIÓN Y DESBEDIENCIA 

A diferencia de su 'exnúmero dos' Oriol Junqueras y los otros ocho consejeros cesados que sí acudieron ayer a la Audiencia Nacional, a éstos se les imputa además los delitos de prevaricación "al tratarse de una autoridad que, a sabiendas de su injusticia, ha dictado resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos" y desobediencia.

El primero de los tipos delictivos no va penado con prisión sino con inhabilitación pero el segundo lleva aparejadas penas de entre nueve y quince años de cárcel.

Por lo que respecta a los otros cuatro exmiembros del gobierno catalán, la magistrada destaca que éstos, "unieron sus voluntades" para, dentro de sus respectivo ámbito de actuación", llevar a cabo un referéndum independentista y lograr la "secesión de la comunidad autónoma de Catalunya".

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 recuerda en sus autos lo mismo que apuntó la Fiscalía en sus querellas contra el Govern y la Mesa del Parlament presentadas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, respectivamente, y expone que los investigados impulsaron medidas para la "creación de un futuro Estado catalán independiente en forma de república" valiéndose del poder que otorgaba tener la mayoría absoluta de diputados en el parlamento catalán entre los grupos Junts pel Sí y CUP.

Además, reitera que la consecución de estos objetivos se llevó a cabo con el apoyo de la ANC y Òmnium Cultural, cuyos líderes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión desde el pasado 16 de octubre investigados por un presunto delito de sedición en esta misma causa.

DESOBEDIENCIA "SUCESIVA" Y "SISTEMÁTICA"

Asimismo, incide en que todas las actuaciones para proclamar la independencia venían establecidas en el informe del gobierno de Carles Puigdemont conocido como 'Enfocats' y que marcaba la hoja de ruta a seguir.

Según Lamela, la práctica de los actos señalados en este documento conllevó la desobediencia "sucesiva, sistemática y frontalmente todas y cada una de las decisiones de las decisiones del Tribunal Constitucional".

En este sentido, precisa que los reclamados eran conocedores de la "radical falta de competencia de la Comunidad Autónoma de Catalunya para convocar un referéndum, pese a lo que insistió públicamente en mantener" dicha consulta como "primer paso del llamado 'proceso de desconexión' del Estado español", ya que los pronunciamientos del TC les fueron "notificados personalmente y reiterados de forma clara y sin fisuras, públicos y difundidos a través de todos los medios de comunicación".

PETICIÓN DE LA FISCALÍA

Así, la juez Lamela atiende la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dicta órdenes europeas de detención para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consellers cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas.

Ni Puigdemont ni los consellers cesados han acudido a declarar por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales público relacionados con el desarrollo del denominado 'procés' y la declaración unilateral de independencia de Catalunya. 

Lo pide ante los "reiterados intentos de entregar la citación" en su domicilio y ante las "reiteradas llamadas telefónicas" a las que han hecho "caso omiso", según reza el escrito.

La incomparecencia de Puigdemont y de estos cuatro exconsellers obedece, según señalaron anoche en un comunicado firmado por el autodenominado "gobierno legítimo de Catalunya", a que consideran que ambas actuaciones penales son un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".

PRISIÓN PROVISIONAL 

Lamela también ha dicatado prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros consellers cesados que han acudido a la Audiencia Nacional, a excepción del exresponsable de Empresa de la Generalitat Santi Vila, para el que dicta prisión eludible con una fianza de 50.000€. 

El Ministerio Público ha formulado esta petición atendiendo a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en la declaración unilateral de independencia aprobada el pasado viernes en el Parlament. 

Todos ellos se han limitado a responder a las preguntas de su abogado, a excepción del exconseller de Empresa Santi Vila que también ha respondido a la Fiscalía.

De los catorce citados por la juez del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco --entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont-- se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. 

LESMES VE "NORMAL" CURSAR UNA ORDEN DE DETENCIÓN 

El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha recordado al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que como investigado tiene "el deber de comparecer" ante la Audiencia Nacional.

En declaraciones antes de presidir una reunión de la comisión permanente del CGPJ, que excepcionalmente se ha celebrado en Barcelona, Lesmes también ha valorado que cuando un investigado no comparece a una citación judicial la "situación normal" es que se curse una orden de detención.

"Cuando no se comparece ante la citación de un juez, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, normalmente se cursa una orden de detención. Esa es la situación normal aquí, en Bélgica, Alemania,... Existe el deber de comparecer ante una citación judicial", ha insistido.

BÉLGICA

Los exconsejeros catalanes Meritxel Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Antoni Comín (Salud), quienes se encuentran en Bélgica junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, han solicitado a la Audiencia Nacional declarar por videoconferencia en la causa por rebelión que se instruye contra ellos. 

Tampoco han acudido este martes a la Audiencia Nacional Lluís Puig (exresponsable de Cultura), y Clara Ponsatí (Educación), después de que anoche anunciaran que permanecerían en Bélgica y no volverían a España para comparecer ante los tribunales.

La incomparecencia de Puigdemont y de cuatro exconsejeros obedece, según señalaron en un comunicado firmado por el "gobierno legítimo de Catalunya", a que consideran ambas actuaciones penales un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".