Puigdemont, una de las razones para enviar a prisión a Junqueras y los exconsellers

 

Puigdemont continúa en Bruselas. 

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado como le había solicitado la Fiscalía, el ingreso en prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros, investigados por delito de rebelión, ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. 

Lamela recuerda en su auto que hay algunos querellados -en referencia al presidente cesado Carles Puigdemont- que no han atendido a la citación.

El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, para quien se ha fijado una fianza de 50.000 euros. Por lo que, de momento, entra en prisión.

En su auto Lamela señala que "no puede olvidarse el poder adquisitivo" de los consejeros cesados para los que ha adoptado esta medida cautelar porque les permite "abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero".

En este punto recuerda el hecho de que algunos querellados ya se han desplazados a otros países "eludiendo las responsabilidades penales" en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle a Puigdemont y otros cuatro consejeros que permanecen en Bruselas.

En primer lugar la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 destaca la gravedad de los delitos que se imputa al gobierno cesado  y de las penas que lleva aparejadas. 

"Teniendo en cuenta que, a mayor gravedad de los hechos y la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida", reza el auto.

Así, recuerda que los exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad. 

Para Lamela cobra "especial importancia el papel de todos los querellados desde sus cargos públicos sin los cuáles el proceso independentista no hubiera podido impulsarse". 

"MOVILIZACIONES TUMULTUARIAS"

La juez Lamela argumenta en su auto de prisión que los encarcelados sí cometieron violencia con sus actuaciones, al urdir una "estrategia perfectamente organizada" para lograr la independencia, al apoyar y alentar "movilizaciones tumultuarias" y "contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía" y auspiciar al "brazo civil del levantamiento", en referencia a las organizaciones soberanistas ANC y Òmnium.

La utilización de la violencia es uno de los requisitos que prevé la Ley en la comisión del delito de rebelión. La juez explica que las defensas de los acusados han señalado que sus defendidos no están de acuerdo con la violencia y que "no han propugnado actos violentos".

Sin embargo, la magistrada advierte: "Olvidan con ello que, como ya se ha expuesto, los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas --ANC y Òminum-- que llevaría a la celebración del referéndum del 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre".

La juez recuerda que "todos ellos" formaban parte del Gobierno catalán, que los acuerdos se tomaban "de forma conjunta", en "reuniones periódicas" y todos eran "conocedores" de las distintas actividades llevadas a cabo para llegar a la independencia, que "consentían y apoyaban". En este punto, precisa que lo que el Gobierno de Puigdemont apoyaba también incluía "movilizaciones tumultuarias organizadas".

La magistrada cita en su auto las "concentraciones y movilizaciones" promovidas por la ANC y Òmnium y recuerda que parte de los consejeros pertenecían a una u otra organización o a las dos.

AUSPICIADO AL "BRAZO CIVIL DEL LEVANTAMIENTO" 

Lamela explica que las citadas asociaciones actuaron como el "brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades" del Gobierno catalán, que favoreció movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de octubre.

Respecto a las concentraciones que hubo esos días, señala que se produjeron mientras se desarrollaban una serie de diligencias de entrada y registro autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, cuando una "muchedumbre se concentró ante los edificios registrados".

Recuerda las ocurridas en las consejerías de Economía, Exteriores, Gobernación, en la sede del PSC donde "se llegó a agredir a militantes socialistas", en la sede de la CUP y en la imprenta de Bigues i Riells. Todas ellas en Barcelona, además de las ocurridas en Sabadell mientras se llevaba a cabo un registro en el domicilio particular del jefe de Gabinete de Gobernación, Joan Ignasi Sánchez; y en Les Franqueses del Vallés, durante el registro del domicilio de José María Jové Lladó.

No obstante, precisa que la actuación "más significativa" tuvo lugar en la sede de la Secretaría General de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, donde los congregados "pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil". Allí retuvieron a la Comisión judicial, que no pudo salir del edificio hasta el día siguiente.

Entre los argumentos, incluye el llamamiento que realizó el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante un mitin organizado por la ANC en Sant Joan Despí, en el que estaba acompañado de Jordi Sánchez, ya en prisión por orden de la misma magistrada. Puigdemont alentó ese día el "enfrentamiento" de los asistentes con los alcaldes que no querían ceder locales para el 1-O, según la juez, que recuerda las palabras del expresidente: "Miradles a los ojos y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas".

ACTITUD PASIVA DE LOS MOSSOS

También cita la concentración que lograron llevar a cabo el 1 de octubre las asociaciones civiles soberanistas, que "ofrecieron resistencia" y trataron de "impedir el acceso de la fuerza policial" a los centros de votación del referéndum ilegal.

A ello, la juez añade la actitud "pasiva" de los Mossos d'Esquadra "manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Guardia Civil, evitando intervenir cuando los agentes de la Benemérita eran agredidos e incluso llegando a "increpar" a los guardias civiles que ejercían su función.

Entre los argumentos, la magistrada afirma que los Mossos "llegaron a espiar las acciones de la Guardia Civil y de la Policía alertando a los congregados en los colegios" electorales de que las citadas fuerzas del orden se dirigían a determinados lugares.

ACCIONES DE RECHAZO CONTRA GUARDIA CIVIL Y POLICÍA

Todo ello, se une, según la magistrada, el hecho de que desde las instituciones catalanas se impulsaron acciones de "rechazo" contra los funcionarios de Guardia Civil y Policía, "alentadas por los propios querellados".

En este contexto sitúa los comentarios del Consejero de Territorio, Josep Rull, en la red social twitter. El 21 de septiembre escribía: "En efecto, no les hemos dejado atacar". Y sobre los agentes alojados en los puertos de Barcelona y Tarragona, publicó el 22 de septiembre, tras estimar que costaban mantenerlos allí 300.000 euros al día: "Para reprimir no hay congelación de cuentas, ni límites al déficit público".

TENIAN EL MANDO DE LOS MOSSOS, CON POTENCIAL EFECTO INTIMIDARIO

La magistrada precisa también que los querellados tenían "en exclusiva" el mando de los Mossos d'Esquadra, integrado por más de 17.000 efectivos armados, "con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban".

La magistrada acompaña estos argumentos de declaraciones realizas por el Consejero de Interior, Joaquim Forn, el pasado 11 de octubre cuando aseguró, al ser preguntado si podrían producirse enfrentamientos entre los Moosos y las FCSE: "si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá colisión entre policías".

El auto recoge también el comunicado que realizó la Consejera de Trabajo, Dolors Bassa, "alentando la convocatoria de huelga general": "El Gobierno se ha adherido a la huelga general prevista para mañana 3 de octubre (...). El personal que se sume al paro no se le computará esta ausencia".