Montoro aplicará sanciones exprés a los funcionarios catalanes que desobedezcan

 

Hacienda ya tiene bajo su control la gestión de los 170.000 funcionarios catalanes.

El Gobierno a puesto en marcha un sistema para imponer sanciones express a los funcionarios catalanes que boicoteen la aplicación del Artículo 155 en la administración. Y para aplicarlas no será necesario recurrir a informes previos sobre los expedientes disciplinarios.

Hasta ahora, la Generalitat debía aportar  cada mes a Hacienda la información laboral de los funcionarios para lanzar las órdenes de pago con las que se autorizan las transferencias a los bancos y que permiten al Gobierno el abono de las nóminas . Y el problema era que el Ministerio no disponía del listado y venía dependiendo de la voluntad del Govern, que se había instalado en la desobediencia.

Hacienda podía ordenar a las entidades financieras que repitieran las transferencias del mes anterior, sin tener en  cuenta que las autonomías contratan a médicos, enfermeros, celadores y profesores por días o semanas. Y de esta manera, el Gobierno estaba “atado de pies y manos” y necesitaba el reporte de la Generalitat para librar las transferencias. Desde esta semana, esa situación ha cambiado, una vez que Hacienda ha asumido la gestión ordinaria de los servicios públicos esenciales y de los 170.000 funcionarios autonómicos.

Ahora mismo la información laboral de todos los empleados públicos catalanes ya se encuentra bajo control de los técnicos del departamento de Cristóbal Montoro y pretende ser utilizada para tener fichados a los “funcionarios rebeldes”.

Por el momento, solo ha enviado a algunos miembros de la intervención para tareas de inspección de servicios, pero en casos excepcionales. Pero se reserva la capacidad de imponer sanciones express. Una amenaza que los empleados públicos conocen y, explica la situación de calma en consejerías.

Hay que tener en cuenta que los procesos disciplinarios en la Administración pueden durar meses y, si se judicializan, incluso años. La gradación de las sanciones va desde amonestaciones a despidos, pasando por suspensiones de empleo y sueldo.

En el Ejecutivo admiten que “puede haber algún funcionario rebelde que se escape” y consiga esquivar los controles. Pero advierten de que, en el caso de las cuentas públicas, el sistema permite seguir el rastro de todas y cada una de las facturas para exigir responsabilidades civiles y penales, en su caso.