El Gobierno busca acuerdos para reformar la financiación autonómica

 

Como prometió Rajoy en enero. 

El Gobierno quiere recabar apoyos para la reforma de la financiación autonómica en la llamada Comisión Territorial del Congreso, para poderla sacar adelante en el Parlamento.

Además, no será posible aprobarla este año como prometió Mariano Rajoy en la Conferencia de Presidentes de enero, según fuentes de Hacienda. 

Así, aseguran que la petición de estudiar la financiación autonómica en la citada comisión ha partido del PSOE y que el Ejecutivo acepta esta propuesta. 

Sin embargo, fuentes socialistas precisan que la propuesta que ha hecho el PSOE para debatir en la citada Comisión Territorial se refiere a principios básicos de la financiación autonómica, no a la reforma de la financiación que debe hacerse ya.

De hecho, recalcan que ésta se tiene que pactar con las comunidades autónomas antes de que el Gobierno la traslade al Parlamento para su aprobación y temen que el Ejecutivo quiera eludir su responsabilidad en este asunto.

REFORMA DEL MODELO TERRITORIAL

La citada Comisión Territorial, presidida por el socialista José Enrique Serrano, se constituyó el pasado miércoles y tendrá seis meses para hacer propuestas para la reforma del modelo territorial de España, como prólogo para una posterior reforma global de la Constitución de 1978.

Fuentes de Hacienda reconocen el "recelo" que tiene el Ejecutivo con una posible reforma de la Constitución, pero son conscientes de que si no cuentan con los votos suficientes en el Parlamento para sacar adelante la reforma de la financiación autonómica, no podrán llevarla al Parlamento.

Los trabajos para la citada reforma se han desarrollado a lo largo de este año por la Comisión de Expertos creada a raíz de la última Conferencia de Presidentes que tuvo lugar el pasado mes de enero. En ella, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy se comprometió a cerrar en 2017 un nuevo modelo de financiación autonómica.

La Comisión de Expertos presentó su informe el 26 de julio, unos seis meses después del inicio de los trabajos, y está previsto que el próximo viernes, las comunidades autónomas entreguen sus alegaciones al citado informe.