Julián Sánchez Melgar, nuevo fiscal general del Estado

 

Nuevo fiscal general del Estado

El Gobierno propone al magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado tras el fallecimiento de José Manuel Maza el pasado sábado en Argentina a causa de una infección renal.

Sánchez Melgar es magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal y uno de los impulsores de la 'doctrina Parot'. Al igual que Maza, fue uno de los magistrados del Tribunal Supremo que votó en contra de la denominada 'doctrina Botín' que permitió librar del banquillo al banquero Emilio Botín en 2007.

Nacido en Palencia en 1955, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario. Magistrado en el Tribunal Supremo desde el año 2000, Sánchez Melgar es uno de los jueces con mayor experiencia en la Sala Segunda y goza de gran prestigio en el alto tribunal.

El Gobierno, que elige a este magistrado seis días después del fallecimiento de José Manuel Maza en Buenos Aires, propone su nombramiento en el Consejo de Ministros de acuerdo con lo estipulado en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El magistrado del Tribunal Supremo es propuesto nuevo fiscal general del Estado en un momento especialmente convulso debido principalmente a las causas judiciales abiertas por la deriva independentista catalana además de las diversas investigaciones relacionadas con tramas de corrupción.

A diferencia de su antecesor en el cargo, el jurista se encontrará una Fiscalía Anticorrupción más pacificada tras el nombramiento como jefe de la misma de Alejandro Luzón que vino a sustituir a Manuel Moix el pasado 1 de junio. 

Moix abandonó la jefatura de esta Fiscalía tras 87 días en el cargo por el escándalo de su empresa offshore en Panamá.

NOMBRADO POR EL CGPJ EN 1999

Julián Sánchez Melgar ingresó en la Carrera Judicial en 1983 y ascendió a magistrado en 1987. Estuvo destinado en la antigua Audiencia Territorial de Barcelona y sirvió después en Juzgados de Santander, donde fue elegido juez decano, como magistrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila hasta su nombramiento para el alto tribunal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en diciembre de 1999.

El magistrado que sustituye al recientemente fallecido José Manuel Maza también ha sido vocal del Consejo Rector de la Escuela Judicial y magistrado de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También ha colaborado como docente con distintas universidades.

Autor de numerosas publicaciones científicas en revistas especializadas y obras conjuntas, entre ellas varios libros dedicados al estudio del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal e Inviolabilidad e Inmunidad Parlamentaria. Desde 1992 está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

DOCTRINAS 'PAROT' Y 'BOTÍN'

En 2006, Sánchez Melgar fue uno de los impulsores de la que se denominó 'doctrina Parot', que toma el nombre del terrorista francés Henri Parot y cuyo objetivo era evitar que los condenados conforme al Código Penal de 1973 pudieran obtener redenciones de pena y salir de prisión antes de cumplir la pena máxima de 30 años gracias a determinados beneficios carcelarios.

Siete años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) tumbó la 'doctrina Parot' al considerar que vulneraba los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto supuso la excarcelación de decenas de presos con condenas muy elevadas, la mayoría terroristas de ETA, violadores y asesinos.

A diferencia de la anterior, Sánchez Melgar votó en contra de la 'doctrina Botín', la cual hace referencia a una sentencia del Supremo por la que el ya fallecido presidente del Banco Santander evitó ser juzgado. Según estableció el fallo del alto tribunal, nadie puede sentarse en el banquillo si sólo actúa la acusación popular, pero ni el perjudicado directo del presunto delito, ni la Fiscalía ejercen la acusación.

La 'doctrina Botín' ha sido invocada en varios casos muy conocidos; por ejemplo, la defensa de la Infanta Cristina pidió la aplicación tras su imputación en el caso Nóos, después de que ni el fiscal ni la Abogacía del Estado no presentaran acusación contra ella.

El PSOE critica que el Gobierno no le consultó

El Gobierno no consultó previamente con el PSOE su decisión de nombrar nuevo fiscal general del Estado, ha revelado este viernes la 'número dos' del partido, Adriana Lastra.

En declaraciones a Cuatro, Lastra ha dejado claro que este nombramiento que aprueba el Consejo de Ministros "no se ha pactado" entre el Gobierno y el PSOE, partido al que ni siquiera el Ejecutivo ha "consultado" previamente antes de proceder a anunciar al elegido.

Lastra ha confirmado que el partido se ha enterado por los medios de comunicación de la decisión del Gobierno, pero no ha reprochado al Ejecutivo esta ausencia de comunicación. Sí se ha quejado en cambio del "oscurantismo" del Gobierno la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles.

En declaraciones a La Sexta, Robles ha advertido de que habría sido "bueno" que al menos el Ejecutivo hubiese consultado el nombre del nuevo fiscal con el resto de fuerzas políticas, porque con su comportamiento el Gobierno actúa como si las instituciones fueran "patrimonio suyo".