El Tribunal de Cuentas ordena el embargo de la casa de Mas por el 9N
A fin de cumplir con la fianza de 2,3 millones de euros que debía abonar por la organización de la consulta soberanista.
Puso su domicilio como fianza.
El Tribunal de Cuentas ha puesto en marcha el procedimiento para embargar cautelarmente la casa del expresidente de la Generalitat Artur Mas, a fin de cumplir la fianza de 2,3 millones de euros que debía abonar por la organización de la consulta soberanista del 9-N.
Fue el propio Mas quien puso su domicilio como fianza, por lo que podrá seguir viviendo en el inmueble de la calle de Tuset de Barcelona.
Junto con Mas, también pusieron sus viviendas como fianza los 'exconsellers' Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, hasta completar la sanción de 5,3 millones de euros por los costes del 9N.
El órgano también ha ordenado el embargo de la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona), según las mismas fuentes. También se ha embargado una propiedad de Vilajoana.
La defensa afirma que Mas y sus excolaboradores están "absolutamente disconformes" con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable.
ORDENADORES
En este punto los abogados aluden a un total de 3,1 millones de euros que se les reclaman por el valor de unos ordenadores que están en poder del Departament d'Ensenyament y siguen por lo tanto afectos a un servicio público.
El último pago, por valor de 144.588 euros lo realizaron los exdirigentes catalanes el pasado 23 de noviembre.
Con éste depósito el expresidente de la Generalitat de Catalunya y sus exconsellers ya habrían abonado 2.944.588 euros de la totalidad de la fianza aunque aún les restaba una parte que ha sido asegurada este martes mediante el embargo preventivo de los inmuebles antes señalados.
Inicialmente, el órgano fiscalizador había dado de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito si bien los abogados de los exmandatarios solicitaron una prórroga que finalmente no se ha concedido, procediendo el Tribunal de Cuentas a embargar los inmuebles señalados como garantía.
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