El juez autoriza a la Guardia Civil acceder a las cuentas de los investigados por el 1-O

 

La autorización se extiende a personas físicas y jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha autorizado a la Guardia Civil para que pueda acceder a las cuentas de todos los investigados en relación con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

En ella, concede la solicitud realizada por los investigadores del instituto armado para acceder al fichero de titularidades financieras del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

De esta forma, la Guardia Civil podrá acceder a las "cuentas bancarias, cuentas de valores y otros productos bancarios de las personas físicas y jurídicas relacionadas con actividades para la preparación y ejecución del referéndum del 1-O" con el objetivo de "determinar la existencia de posibles responsabilidades penales".

La autorización del juez se extiende a las personas jurídicas, aunque no se precisa cuáles o si la autorización alcanza a ANC y Òmnium.

JOVÉ, SALVADÓ Y SANTI VIDAL

En este juzgado se encuentran en calidad de investigadas una veintena de personas, entre las que está el hombre de confianza de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové; el exsecretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y el exjuez y exsenador Santiago Vidal.

Sin embargo, los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, se encuentran en prisión por orden de la juez de la Audiencia Nacional desde el pasado mes de octubre. Una orden que, además, ratificó el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

LLARENA RECHAZÓ LA PETICIÓN DE VOX

No obstante, el instructor de la causa en el TS contra el proceso soberanista rechazó el pasado 18 de enero la petición de Vox, personado en el procedimiento como acusación popular, para que requiriera al Sepblac toda la información recabada en relación al origen de los fondos manejados por la ANC y Òmnium Cultural para cubrir fianzas judiciales y otros destinos relacionados con el proceso independentista.

Llarena señaló entonces que no procedía acordar la diligencia interesada por Vox. La petición se realizó como consecuencia de la denuncia que este partido político interpuso el pasado mes de noviembre directamente ante el Sepblac.

Vox acudió al servicio dependiente del Ministerio de Economía a raíz del pago de las fianzas que permitieron la libertad de la expresidenta del Parlament -por 150.000 euros- y de cuatro de los miembros de la Mesa -100.000 euros cada uno- el pasado mes de noviembre y de seis exconsellers del Govern de Carles Puigdemont -un total de 600.000 euros- menos de un mes después.