20 personas se manifiestan en Barcelona contra el decreto que impide desahuciar a personas vulnerables

Katy Díaz (APROVIJ) critica que para el Gobierno "la palabra vulnerable vale más" que las escrituras

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Unas 20 personas se han manifestado este sábado convocados por la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ) en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde propietarios de viviendas han exigido la derogación del decreto 11/2020 que impide desahuciar a personas vulnerables.

La presidenta de APROVIJ, Katy Díaz, ha criticado que para el Gobierno central "la palabra vulnerable vale más" que las escrituras de propiedad, y ha reclamado la derogación del decreto porque, a su juicio, está acabando con el mercado del alquiler.

Díaz ha recordado que ese decreto se instauró durante la pandemia de la covid-19 y desde entonces se ha prorrogado 11 veces, y ha asegurado que no se escucha a los propietarios: "Han puesto al propietario como el malo, cuando es parte de la solución".

Ha lamentado que se usen sus viviendas y a ellos mismos "como escudo social" y ha afirmado que muchos propietarios no ponen su piso en el mercado del alquiler por miedo a las ocupaciones, lo que conlleva una menor oferta y que suban los precios.

 

Dani Sirera

También ha asistido a la concentración el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera, que ha pedido acabar con un decreto que, según él, está perjudicando tanto a propietarios como a personas que buscan alquilar un hogar, ya que "los propietarios tienen miedo de poner un alquiler".

"En Barcelona hay barra libre para delinquir, hay barra libre para ocupar, hay barra libre para no pagar los impuestos ni para pagar los alquileres de las casas", ha lamentado, a la vez que descrito la ciudad como, textualmente, la capital de la ocupación, a causa, a su juicio, de la gestión de los exalcaldes Xavier Trias y Ada Colau y el alcalde actual, Jaume Collboni.

 

Gonzalo de Oro

Por su parte, el presidente del grupo municipal de Vox en el consistorio, Gonzalo de Oro, ha propuesto que se puedan desocupar viviendas en menos de 24 horas y ha remarcado que toda ocupación es inaceptable: "Con el pretexto de la supuesta vulnerabilidad se condena a los pequeños propietarios que parece que están acusados de ser presuntos explotadores".

De Oro ha criticado el Gobierno central, autonómico y municipal por mantener, a su juicio, una desprotección hacia los propietarios, y ha atribuido los altos precios de la vivienda y la escasez en el mercado a que mucha gente "tiene miedo de poner sus pisos en alquiler debido a la inseguridad jurídica".

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