Polémica en Lleida: El comedor municipal excluye el cerdo y solo servirá carne con certificado Halal

El Ayuntamiento de Lleida ha desatado la polémica tras adjudicar un contrato de 54.670 euros, con dinero público, para la gestión del comedor municipal de la calle La Panera con una sorprendente condición: toda la carne suministrada deberá contar con certificado Halal y se excluye el cerdo de los menús, según ha publicado Segre. 

El contrato, adjudicado el 20 de enero a la cooperativa Lleure Qualia SCCL por un periodo de tres meses, establece de manera explícita que los menús de almuerzo y cena no podrán incluir carne de cerdo ni sus derivados. Además, exige que toda la carne provenga de establecimientos con certificación Halal, es decir, que cumpla los preceptos de la ley islámica, lo que implica un sacrificio ritual en el que el animal debe ser degollado mientras se pronuncia el nombre de Alá.

¿Neutralidad religiosa o imposición de criterios islámicos?

El hecho de que un contrato municipal excluya ciertos alimentos por razones religiosas ha generado controversia en una sociedad que se define como laica. Mientras que el ayuntamiento justifica esta medida asegurando que responde a la "diversidad cultural y social" de los usuarios del comedor, algunas voces alertan sobre una posible discriminación al imponer un criterio confesional en la gestión de recursos públicos.

Desde el consistorio argumentan que la exigencia del certificado Halal responde a la necesidad de "unificar el suministro" y evitar recurrir a proveedores distintos, garantizando que todos los usuarios sean atendidos sin distinción. Sin embargo, el pliego de condiciones no menciona otras dietas religiosas o preferencias alimentarias de colectivos distintos al musulmán, lo que levanta dudas sobre la supuesta igualdad de trato.

El certificado Halal: una práctica religiosa impuesta en un servicio público

El certificado Halal no es solo un distintivo de calidad alimentaria, sino un requisito vinculado a la ley islámica. Para que un producto sea considerado Halal, el animal debe haber sido criado con una dieta vegetariana, sin hormonas y sacrificado bajo un ritual específico, lo que excluye automáticamente la carne de cerdo, los productos con sangre y el alcohol.

Esta imposición en un servicio público ha generado un intenso debate sobre hasta qué punto las instituciones deben adaptar sus políticas a criterios religiosos en un país donde la separación entre Iglesia y Estado es un principio constitucional.

Una polémica que reabre el debate sobre la laicidad en España

Este caso no es el primero en el que la aplicación de criterios religiosos en la gestión de recursos públicos genera controversia. La decisión del Ayuntamiento de Lleida pone sobre la mesa la cuestión de hasta qué punto es legítimo destinar dinero público a contratos que imponen restricciones basadas en la fe, y si esto vulnera el principio de neutralidad del Estado.

¿Debe un servicio municipal seguir normas religiosas en un país laico? El debate está servido.