¿Quién mató a Cachou?: el misterio continua 5 años después

Han pasado ya cinco años desde que los agentes rurales hallaron el cuerpo sin vida de Cachou, un joven oso pardo que habitaba en la Vall d’Aran. Desde entonces, el tiempo se ha detenido en un proceso judicial tan complejo como inédito, que aún no ha llegado a juicio. Lo que parecía un trágico incidente en plena pandemia, se ha convertido en uno de los casos medioambientales más controvertidos de los últimos tiempos en España.

Una muerte sospechosa

Cachou fue localizado en abril de 2020 en una zona boscosa del municipio de Les, gracias al GPS que llevaba instalado desde hacía un año. Su inmovilidad desde el 31 de marzo activó todas las alarmas. El análisis forense reveló que el oso había sido envenenado con etilenglicol, una sustancia presente en el anticongelante de los vehículos, lo que confirmó la hipótesis de una muerte provocada.

El caso abrió un procedimiento penal en el Juzgado de Vielha que ha estado marcado por dilaciones, cambios de jueces y un debate sobre la imparcialidad de la primera magistrada instructora, que llegó a publicar un artículo con opiniones personales sobre el caso. La investigación apuntó como presuntos responsables al exconseller del Conselh Generau d'Aran, José Antonio Boya, y a un técnico de Medio Ambiente, Aran Medan. Ambos están acusados de delitos contra la fauna, y en el caso del técnico, también de revelación de secretos.

Acusaciones contra altos cargos

La Fiscalía solicita penas de más de dos años de prisión para los acusados, así como inhabilitación para ejercer cargos públicos o actividades vinculadas a la gestión de fauna. La causa, sin embargo, ha estado paralizada más de año y medio y todavía no ha recibido luz verde para juicio por parte de la Audiencia de Lleida, que debe resolver los últimos recursos.

Más allá de lo judicial, el caso Cachou ha evidenciado una falta de recursos en los juzgados de zonas rurales como el de Vielha, donde el volumen del expediente ha desbordado la capacidad del personal judicial. Desde organizaciones como FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes) se ha pedido que el Consejo General del Poder Judicial nombre jueces de refuerzo para avanzar en causas medioambientales complejas como esta.

La investigación del caso Cachou, además, derivó en una operación paralela contra el narcotráfico en la comarca, al descubrirse una red de venta de cocaína gracias a las escuchas telefónicas practicadas durante la instrucción. Un giro inesperado que refleja la magnitud y complejidad del proceso.

Hoy, cinco años después, la sociedad y los defensores del medio ambiente siguen esperando justicia. Y si finalmente se celebra el juicio, será el primero en España por la muerte penalmente imputada de un oso pardo, una especie protegida. El desenlace marcará un antes y un después en la lucha por la defensa de la fauna salvaje en nuestro país.