El Bucle Infinito de Interinos alcanza la cifra del 28%

El sindicato UGT atribuye esta situación a la lentitud en los procesos de cobertura de vacantes con funcionarios de carrera y advierte sobre posibles irregularidades en las contrataciones.

La temporalidad en el empleo público alcanzó una tasa media del 28,8% en 2024, superando el nivel previo a la pandemia, a pesar de la reforma comprometida en el Plan de Recuperación. Aunque se ha cumplido el hito de estabilización de interinos para recibir los fondos de Bruselas, la temporalidad triplica el objetivo del 8% marcado como meta política. Esta persistencia se debe a la incapacidad de las administraciones públicas para planificar a medio plazo.

Según los últimos datos de Función Pública, la reforma ha logrado la transformación de 320.000 puestos temporales en permanentes. Sin embargo, los procesos de selección de personal no han experimentado cambios significativos, y las plantillas continúan enfrentando un problema de envejecimiento, lo que perpetúa el ciclo de la temporalidad.

Los interinos ocupan la mayor parte de los empleados públicos temporales

El boletín estadístico de Función Pública revela que, en julio de 2024, había 65.387 interinos más que en julio de 2021, meses antes de la aprobación de la ley de estabilización. La diferencia es aún mayor, de 193.023, en comparación con julio de 2019. El total de interinos alcanza los 725.521, y aunque ha disminuido desde el máximo de enero de 2023, se mantiene lejos de las cifras prepandémicas. Este aumento de interinos explica la persistencia de la elevada tasa de temporalidad.

El problema radica en la mayor agilidad de la contratación de interinos en comparación con la incorporación de funcionarios de carrera, un proceso que puede durar hasta tres años. Las administraciones públicas enfrentan una creciente presión debido a bajas sobrevenidas, jubilaciones y el aumento de la carga de trabajo derivado de una población envejecida. UGT Servicios Públicos señala que, especialmente en el ámbito sanitario, se siguen cubriendo vacantes con interinos, y son frecuentes los cambios de programas temporales al cumplir su duración máxima, generalmente de tres años, para evitar la fijeza del empleado.

UGT propone una modificación legislativa del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para acortar los procesos selectivos de un máximo de tres años a uno y medio, desde la oferta de una plaza hasta su ocupación. También solicitarán la creación de bolsas de aprobados, para que quienes hayan superado las pruebas pero no hayan obtenido plaza no tengan que volver a presentarse, y las administraciones puedan recurrir a estas bolsas en lugar de iniciar nuevos procesos desde cero. Esto evitaría la frecuente contratación de interinos para cubrir nuevos puestos.

Además, UGT sospecha de posibles contrataciones temporales irregulares, a pesar de la reforma de 2021 en el EBEP para limitar la temporalidad abusiva. Por ello, piden un endurecimiento de la disposición adicional 17ª para "focalizar la responsabilidad" en los gestores de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, solicitando la "identificación de la persona y sanciones" en caso de superarse los límites a las contrataciones temporales. Mientras tanto, plataformas de interinos han denunciado en instituciones europeas los abusos de temporalidad, aunque la jurisprudencia del Supremo ofrece poco margen para victorias judiciales.

Parálisis en la Función Pública

Otra barrera para la planificación y gestión de las plantillas a medio plazo son las tasas de reposición. José Luis Escrivá anunció la sustitución de este modelo por uno nuevo negociado con los sindicatos e incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2025, pero no hay avances en ninguno de los dos ámbitos. Es probable que la OEP que apruebe el Gobierno este año siga sujeta a la tasa de reposición, algo criticado por los sindicatos, que rechazaron la última oferta por considerarla insuficiente.

No obstante, los sindicatos priorizan cerrar las nuevas subidas salariales para 2025 y los próximos años, tras la finalización del último acuerdo marco en diciembre. CCOO y CSIF se manifestarán para exigir el inicio de las negociaciones, y todos los sindicatos piden subidas salariales por encima del IPC para recuperar poder adquisitivo. Por el momento, el Gobierno no ha aprobado la subida adicional del 0,5% de 2024, incluida en el Real Decreto 4/2024 y vinculada a la situación macroeconómica, a pesar de que solo requiere el visto bueno del Consejo de Ministros.