A vueltas con la ley para disolver asociaciones franquistas: esto es lo que dice el Senado
La reforma fue aprobada hace unas semanas en el Congreso de los Diputados con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, el Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro
Un informe elaborado por los letrados del Senado concluye que la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación —promovida por el PSOE para permitir la disolución de entidades que hagan apología del franquismo— presenta aspectos contrarios a la Constitución.
Pese a ello, la mayoría del Partido Popular en la Mesa del Senado ha adelantado su intención de admitir a trámite la propuesta legislativa.
Según fuentes parlamentarias citadas por Europa Press, esta decisión busca evitar posibles acusaciones de prevaricación, recordando que ya se actuó de forma similar con la tramitación de la Ley de Amnistía, también cuestionada por los servicios jurídicos.
Tramitación previa en el Congreso
La reforma fue aprobada hace unas semanas en el Congreso de los Diputados con el respaldo del PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, el Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. El PP se abstuvo y Vox votó en contra.
Disolución por la vía penal
La propuesta inicial contemplaba que la disolución de asociaciones se llevaría a cabo exclusivamente mediante resolución judicial, siendo el Ministerio Fiscal el encargado de ejercer la acción legal en estos procesos.
Sin embargo, durante la fase de ponencia se incorporó una enmienda transaccional pactada entre PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. Esta modificación introduce la posibilidad de disolver asociaciones por la vía penal.
La nueva redacción establece que "el Ministerio Fiscal valorará el ejercicio de la acción penal de disolución por delitos relativos a derechos fundamentales, especialmente en lo relativo al delito de asociación ilícita, cuando concurran supuestos de incitación al odio o a la violencia."
Asimismo, la enmienda reconoce la "legitimación activa" en estos procesos a asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como objetivo la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura franquista.
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