Catalunya avanza en las ZBE mientras otras ciudades españolas se retrasan

Catalunya, junto con Madrid, es una de las comunidades que lidera la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España, enfrentando los desafíos ambientales y legales que esta normativa conlleva. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada por el Gobierno en diciembre de 2022, exige que todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes establezcan áreas de protección medioambiental para restringir la circulación de vehículos con las peores etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Aunque la mayoría de las ciudades del país aún no han cumplido con esta obligación, Catalunya ha avanzado de forma significativa.

Barcelona, una de las primeras en España en aplicar la normativa ZBE, implementó estas restricciones ya en 2020. Desde entonces, la ciudad ha liderado el camino en la lucha contra la contaminación urbana, imponiendo multas de hasta 200 euros a los vehículos que no cuentan con las etiquetas Eco o Cero. 

Implementación desigual

La implementación desigual de las ZBE en el resto de España ha generado un sentido de agravio comparativo entre los ciudadanos. Mientras en Barcelona y Madrid, los conductores enfrentan estrictas sanciones por no cumplir con las normativas ambientales, en otras ciudades, las restricciones son prácticamente inexistentes o se aplican en zonas de baja densidad de tráfico, como es el caso de Sevilla. De las 150 ciudades que deben cumplir con la normativa, a mitad de 2023, solo 18 habían activado sus ZBE, 111 están en proceso de desarrollo y 24 no han presentado siquiera un proyecto.

El enfoque proactivo de Catalunya contrasta con la realidad de muchos otros municipios españoles, que aún están rezagados en el cumplimiento de la ley. Ante esta disparidad, el Gobierno central enfrenta un desafío legal: no puede obligar directamente a los municipios a implementar las ZBE, ya que la normativa europea se centra en el control de la calidad del aire y no en la regulación de la circulación de vehículos. Así, si una ciudad puede demostrar que mantiene buenos niveles de calidad del aire, no está obligada a activar estas zonas.

Este panorama fragmentado subraya la necesidad de una coordinación más efectiva y un compromiso uniforme para abordar la contaminación urbana en España. Catalunya, con Barcelona a la cabeza, ha demostrado que es posible avanzar hacia una movilidad más sostenible, pero el reto está en que el resto del país siga su ejemplo y aplique medidas contundentes contra la contaminación.