El problema en la aplicación de las ZBE en Madrid que podría extrapolarse a otras ciudades

Recientemente, la Justicia ha tumbado la Zona de Bajas Emisiones de la capital española

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EuropaPress 6217866 cartel indica zona bajas emisiones 360 distrito centro 17 septiembre 2024
Foto: EuropaPress

 

Hace casi tres años, Madrid y Barcelona se convirtieron en las primeras ciudades españolas en implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), con el objetivo de reducir la contaminación en áreas urbanas. Madrid, bajo la administración de Manuela Carmena, fue pionera con el proyecto “Madrid Central”, que más tarde el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reformuló bajo el nombre de “Madrid 360”, manteniendo el espíritu de su predecesor.

A pesar de los cambios, las ZBE han sido objeto de controversia legal. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró inválido el funcionamiento de estas zonas, tras una demanda presentada por Vox

El tribunal señaló un defecto de forma en su implementación, muy similar al que ya había provocado una sentencia anterior en contra. La sentencia critica la falta de una memoria económica que evalúe los impactos de estas zonas en la economía, tanto a nivel macroeconómico, como en el comercio y las industrias locales. 

Además, se subraya el perjuicio que las ZBE han causado a las clases más vulnerables, que han visto restringida su movilidad por no poder acceder a vehículos menos contaminantes.

 

 

En los más de dos años de funcionamiento de las ZBE, Madrid ha emitido más de 1,6 millones de multas, recaudando más de 329 millones de euros. Sin embargo, si la sentencia se hace firme en un plazo de 30 días, los ciudadanos afectados podrían reclamar la devolución de las multas y solicitar la anulación de las que aún estén en trámite. 

Además, tanto particulares como comercios podrían pedir compensaciones por los daños económicos sufridos, como la obligación de deshacerse de vehículos o las pérdidas comerciales derivadas de la implementación de las ZBE.

Aunque estas zonas son obligatorias para todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, solo entre 20 y 30 municipios las tienen actualmente en funcionamiento. La falta de estudios económicos en la mayoría de estos municipios podría llevar a más impugnaciones legales similares.

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