La okupación no solo afecta a los propietarios: ¿Cómo proteger a las comunidades de vecinos?

El 2º Congreso sobre Ocupación Ilegal, iniciado en Barcelona este martes, ha abordado en profundidad el impacto de este fenómeno en la convivencia vecinal y las posibles soluciones legislativas para enfrentarlo. Durante la mesa titulada "Impacte de l'ocupació a la convivència veïnal. Propostes legislatives", diferentes expertos destacaron la importancia de dotar a las comunidades de propietarios y administradores de herramientas legales para actuar frente a estas situaciones.

La carga que soportan las comunidades de propietarios

Alberto Torres López, abogado y presidente de la Sección de Arrendamientos Urbanos, Propiedad Horizontal e Inmobiliario del ICAM, señaló: "Las comunidades de propietarios somos los sufridores directos de la ocupación". Explicó que en muchas ocasiones los propietarios, ya sea por tratarse de personas jurídicas o por su inactividad, no toman medidas, dejando a las comunidades de vecinos como únicas víctimas visibles. "Cuando okupan, se fuerzan elementos comunes, se enganchan a la luz o al agua, y se generan problemas graves de convivencia. Las comunidades, que son el órgano democrático más organizado de la sociedad, deberían estar habilitadas para actuar en caso de que el propietario no lo haga", añadió.

Enrique Vendrell Santiveri, abogado y administrador de fincas, subrayó que las ocupaciones no solo afectan a los propietarios de los inmuebles, sino a todos los vecinos. "A ninguno de vosotros os gustaría tener en el rellano de casa a personas desconocidas cuya actividad no se controla. Esto genera inseguridad en lo más íntimo: nuestra casa", afirmó. También destacó que "las comunidades no tienen herramientas legales suficientes para actuar" y que, en muchos casos, el propietario no toma medidas porque enfrenta problemas propios, como litigios por herencias o dificultades personales.

Mercedes Blanco González, abogada y administradora de fincas, expresó su apoyo a la propuesta legislativa del ICAB, aunque sugirió ciertos ajustes. "Estoy de acuerdo en que se pueda facultar a las comunidades para instar medidas de cesación y que el juez, a través de medidas cautelares, proceda al desalojo. Sin embargo, debemos abordar el problema de la notificación, que a veces es un obstáculo. Sería útil permitir que esta se realice mediante la publicación en el tablón de anuncios de la comunidad", explicó. Además, enfatizó que la ocupación de un inmueble vacío suele llevar rápidamente a nuevas ocupaciones en la misma finca, agravando los problemas de convivencia.

Por su parte, Enrique Jurado Grana, abogado y presidente de la sección de derecho inmobiliario del ICA Málaga, destacó la colaboración entre los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga como un paso crucial para alcanzar soluciones efectivas. "La reforma propuesta tiene como objetivo agilizar los procesos judiciales, permitir medidas cautelares rápidas y garantizar que las comunidades y administradores tengan herramientas para actuar", señaló.

Una necesidad social urgente

Los ponentes coincidieron en que la ocupación ilegal no solo es un problema de los propietarios, sino un asunto de convivencia que afecta gravemente a las comunidades de vecinos. Según los datos expuestos durante el congreso, se producen alrededor de 15.000 okupaciones al año en España, afectando a un número aún mayor de vecinos que ven su tranquilidad alterada. 

La reforma legislativa del ICAB

La propuesta del ICAB plantea una reforma integral en los ámbitos penal, civil y administrativo. En el ámbito penal, se busca introducir juicios rápidos y medidas cautelares que permitan el desalojo en un plazo máximo de 48 horas. En el ámbito civil, se propone eliminar las diferencias procesales entre personas físicas y jurídicas, además de reforzar el papel de las comunidades de propietarios para actuar contra actividades ilegales. Finalmente, en el ámbito administrativo, se establece que la responsabilidad de reubicar a personas vulnerables recaiga en la Administración y no en los propietarios afectados.

Esta propuesta sigue el ejemplo de países como Alemania, Francia y Reino Unido, donde las leyes contra la ocupación ilegal son más estrictas y los procesos para recuperar inmuebles son más ágiles. Mercedes Blanco, ha apuntado que "espero y deseo que estas jornadas den lugar a un cambio legal que proteja a las comunidades y propietarios frente a los graves problemas de convivencia que genera la ocupación".