¿Está desprotegiendo la Oficina Antifrau a denunciantes protegidos?

AEDICO (Asociación Española de Denunciantes e Informantes de Corrupción) denuncia nuevamente la inacción de la Oficina Antifrau de Catalunya respecto a las represalias sufridas por una trabajadora del Ayuntamiento de Mataró, quien, a pesar de haber sido reconocida como "persona protegida" por esta oficina, sigue sin ver restaurados sus derechos ni sin que se sancione al consistorio.

La trabajadora fue despedida sin justificación, a pesar de las múltiples advertencias previas. La Oficina Antifraude, encargada de velar por la protección de denunciantes, no ha tomado medidas contra el Ayuntamiento, incumpliendo la Ley 2/2023 de Protección al Denunciante, ni ha solicitado la aplicación de sanciones por las represalias sufridas. La Oficina ha identificado más de un año atrás hasta ocho actos de represalia, pero no ha establecido plazos para que el Ayuntamiento de Mataró revierta la situación ni ha iniciado expedientes sancionadores.

Además, se ha constatado que el director de la Oficina Antifraude, el magistrado Gimeno, ha evitado recibir a la trabajadora y no ha aplicado las medidas correctoras necesarias, prolongando la impunidad del Ayuntamiento. A pesar de las declaraciones públicas del alcalde de desobedecer los requerimientos de la Oficina, no se ha tomado ninguna acción concreta para sancionar a los responsables.

AEDICO exige una actuación efectiva de Antifrau, conforme a la ley, que garantice la protección, asesoramiento y celeridad en la tramitación de sanciones contra los responsables de las represalias. La falta de acción en este caso pone en evidencia la indefensión de los empleados públicos ante irregularidades y abusos dentro de las administraciones.

Un profesor desamparado

En este sentido, Público ha destapado que un profesor universitario catalán, doctor en Economía, Finanzas y Empresa, con una destacada trayectoria académica tanto en España como en Chile, denuncia haber sido sistemáticamente excluido de las universidades públicas catalanas debido a prácticas de corrupción, como la asignación de plazas a dedo, sin seguir los méritos establecidos. A pesar de su amplia experiencia, ha sido declarado en exclusión social.

Este profesor, conocido por su lucha contra la corrupción en las universidades públicas catalanas, ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) después de que la Antifrau rechazara su solicitud de protección y apoyo, tal como establece la Ley 2/2023. 

La Oficina justificó su negativa por la falta de recursos y desarrollo normativo necesarios para ofrecer las ayudas económicas y psicológicas previstas.