La drástica decisión que ha tomado Renfe con el trabajador acusado de sabotear el servicio de Rodalies

Renfe ha dado un golpe sobre la mesa tras el caos vivido en Rodalies durante las recientes jornadas de huelga en Catalunya. La empresa ferroviaria ha decidido despedir a uno de sus trabajadores por su supuesta implicación en la supresión no autorizada de trenes, en plena ola de paros convocados por sindicatos minoritarios los pasados 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo y los días 1 y 3 de abril.

El anuncio lo ha hecho público el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en un debate monográfico centrado en la situación de Rodalies. Allí ha confirmado que además del despido, otro trabajador ha sido expedientado y está pendiente de resolución disciplinaria.

“No nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones oportunas contra quienes boicoteen el servicio público”, ha afirmado con rotundidad el ministro. Puente ha querido trasladar un mensaje claro a la ciudadanía catalana: el Gobierno de España no permitirá que se socave la calidad ni la fiabilidad del transporte público por intereses particulares o por acciones de sabotaje.

La medida, aunque contundente, se enmarca en el malestar creciente que ha generado el caos ferroviario vivido durante semanas en el área metropolitana de Barcelona, especialmente en el servicio de Rodalies. Las cancelaciones no previstas y los retrasos provocaron un colapso diario que afectó a miles de usuarios que dependen del tren para desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio.

Renfe ha abierto una investigación interna para aclarar los hechos y determinar responsabilidades individuales. Según fuentes cercanas al caso, los trabajadores implicados podrían haber modificado el sistema de gestión de turnos o el flujo de trenes sin autorización, generando un impacto directo en el funcionamiento habitual de la red ferroviaria catalana.

Desde los sindicatos convocantes de la huelga, sin embargo, se ha denunciado una “criminalización del derecho a huelga”, y han advertido que se mantendrán firmes en sus demandas laborales, entre las que se encuentran mejoras en las condiciones de trabajo y en la gestión de recursos humanos por parte de Renfe y Adif.

La polémica llega en un momento especialmente delicado, marcado por una creciente tensión social en torno al estado del servicio de Rodalies, que ha sido duramente criticado por los usuarios y autoridades catalanas. De hecho, la Generalitat lleva años reclamando el traspaso completo de la gestión de esta red de transporte para garantizar una mejor planificación y control.

Mientras tanto, la decisión de Renfe de cortar por lo sano con comportamientos que considera “inaceptables” busca restablecer la confianza ciudadana en un sistema ferroviario que se encuentra bajo la lupa por su baja puntualidad, incidencias continuadas y una inversión estatal que, según denuncian diferentes voces, ha sido insuficiente durante años.