Carlos Herrera utilizó un entramado de cuatro empresas para no pagar el IRPF

La Audiencia Nacional ha sentenciado que el periodista Carlos Herrera tributó de forma incorrecta más de dos millones de euros entre 2006 y 2007, cuando dirigía el programa matinal de Onda Cero. Según los jueces, utilizó un entramado de cuatro sociedades para canalizar sus ingresos y pagar menos impuestos, recurriendo al Impuesto de Sociedades en lugar del IRPF, que grava de forma más elevada las rentas personales.

Esta resolución, adelantada por El Confidencial y a la que también ha tenido acceso elDiario.es, se produce tras una primera sentencia del Tribunal Supremo que ya sancionó esta práctica en firme. No obstante, la decisión de la Audiencia todavía puede ser recurrida nuevamente ante el Supremo.

La investigación, iniciada por Hacienda, distingue entre dos vertientes del caso: una, ya juzgada, centrada en las sociedades del periodista; y otra, la que ahora aborda la declaración fiscal personal de Herrera. En este segundo procedimiento, los jueces confirman que el comunicador empleó sus sociedades como vehículo para recibir ingresos millonarios por trabajos que, según la propia sentencia, eran "personalísimos", es decir, solo podían ser realizados por él.

En cifras, las sociedades de Herrera le abonaron 394.000 euros en 2006 y 402.000 euros en 2007, pero la Agencia Tributaria estimó que el valor real de su trabajo superaba los dos millones en 2006 y los 1,7 millones en 2007. El resto de los ingresos circuló entre sus empresas y tributó a un tipo mucho más bajo, el del Impuesto de Sociedades.

Los jueces destacan que sus empresas actuaban como meras gestoras del cobro, sin añadir valor al trabajo profesional de Herrera. En palabras de la Audiencia: “No es atribuible a ella sino al socio, en cuanto que fue quien realmente desarrolló los trabajos facturados a los clientes”.

La defensa del periodista, que actualmente dirige el programa de las mañanas en la COPE, argumentó que las sociedades operaban de forma independiente. También cuestionó el método utilizado por Hacienda para calcular el valor real de mercado de su actividad profesional.

El caso se enmarca en una estrategia fiscal utilizada por varios personajes públicos durante años, pero que la jurisprudencia reciente está desmantelando al considerar que se trata de un abuso del sistema tributario para fines exclusivamente personales.