Lío a la vista: los hoteleros estudian llevar a la justicia la nueva normativa del registro de viajeros

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre. La patronal denuncia que esta normativa, además de generar incertidumbre jurídica, tendrá un impacto negativo significativo tanto en los empresarios del sector como en los propios viajeros.

Falta de diálogo y aclaraciones por parte del Gobierno

Desde CEHAT se critica que el Ejecutivo ha ignorado reiteradamente las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de la propia confederación como de asociaciones turísticas internacionales. A pesar de las advertencias sobre las graves repercusiones de este reglamento, el Gobierno no ha emitido la prometida Orden Ministerial que debería detallar los procedimientos para su implementación.

Jorge Marichal, presidente de CEHAT, denuncia que "llevamos meses solicitando diálogo y propuestas concretas para garantizar la seguridad jurídica y la viabilidad del sector, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Ante esta falta de voluntad política, nos vemos obligados a plantear vías legales para proteger tanto a los empresarios como a los viajeros."

El impacto en viajeros y empresarios

CEHAT advierte que la normativa no solo afecta a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que utilizan alojamientos dentro del país, quienes deberán enfrentar trámites administrativos más complejos. Esto, según la confederación, compromete la experiencia de alojamiento y la competitividad del sector.

Por su parte, los hoteleros señalan que la regulación es confusa y desproporcionada, además de vulnerar varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago. Esta situación podría derivar en importantes sanciones económicas, tanto por incumplir el Real Decreto como por la infracción de normativa europea, con multas que pueden alcanzar los 30.000 euros. CEHAT denuncia que este escenario genera una inaceptable inseguridad jurídica en un sector clave para la economía española, que representa el 12% del PIB.

Silencio desde Moncloa

Desde la reunión celebrada con el Ministerio del Interior el pasado 4 de octubre, CEHAT asegura que no ha recibido comunicación oficial ni avances en las prometidas aclaraciones. Esta falta de acción, según la patronal, deja a los empresarios en una situación de indefensión a escasos días de la entrada en vigor del decreto.

Ramon Estalella, secretario general de CEHAT, remarca que "siempre hemos colaborado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y seguimos abiertos al diálogo para encontrar soluciones tecnológicas viables y seguras antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto".

Ir a la justicia "para proteger al sector"

La confederación ya está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles. El objetivo es impugnar la normativa, argumentando su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con directivas europeas.

CEHAT subraya que estas medidas son necesarias para garantizar un entorno regulatorio equilibrado que proteja tanto a los empresarios como a los viajeros. 

En este sentido, Marichal añade que "España no puede permitirse que una normativa tan lesiva entre en vigor sin resolver sus múltiples defectos. No dejaremos de luchar para garantizar que nuestro sector y nuestros viajeros reciban el respeto y la protección que merecen".

No obstante, la patronal reitera su disposición a colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que combinen seguridad y viabilidad operativa para el sector hotelero.