Pues, en opinión de la formación regionalista, esta medida, "lejos de ofrecer soluciones, supone un nuevo ataque al sector más importante de la economía balear y un ejemplo flagrante de incompetencia y desconocimiento de la realidad de las Islas".
La legislación entra en vigor el próximo lunes 2 de diciembre... aunque el sector quiere detenerla
