CERMI exige poner fin a la esterilización forzosa de mujeres con discapacidad

 

La entidad desmonta las "falsas creencias".

La Fundación CERMI Mujeres y el Foro Europeo de la Discapacidad exigen poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad.

Las entidades defienden que esta practica "vulnera sus derechos sexuales y reproductivos y cercena sus derechos civiles y políticos". En España, en 2016, se resolvieron judicialmente 140 casos.

En un informe el Consejo General de la Abogacía, ambas entidades desmontan los "falsas creencias" que hay sobre la posibilidad de que estas mujeres puedan ser madres y advierten de que "muchas de ellas lo son de manera exitosa y tienen hijos e hijas felices".

ENTRAR EN EL ÁREA DE LAS EMOCIONES

Asimismo, sostienen que hay "pocos criterios objetivos" para juzgar la competencia de los padres y madres y critican la "tendencia" a entrar en el área de las emociones y utilizar ideas subjetivas sobre lo que está bien o lo que está mal.

"Las investigaciones al respecto no señalan una relación clara entre el nivel de formación o inteligencia de los padres y madres y ser buenos en el ejercicio de la paternidad o maternidad", sostienen.

De hecho, en la presentación de este informe, Almudena Martín, una madre con capacidad intelectual límite ha dado su testimonio y ha explicado que su pareja, durante el embarazo, cambió de opinión y que ella decidió ser madre, pese a que no tenía ni trabajo ni casa propia.

"Ahora, mi hijo está perfectamente. ¿Por qué perder el derecho a ser madre si una mujer desea dar vida a otro ser?", se ha preguntado, para añadir que lo importante es apostar por los apoyos necesarios que permitan a una mujer con discapacidad ejercer su derecho a la maternidad en igualdad de condiciones.

DATOS ESTADÍSTICOS

La coordinadora de Fundación CERMI Mujeres, Isabel Caballero, ha afirmado durante la presentación del informe que uno de los principales problemas sobre esta práctica es la falta de transparencia, algo que "viola" la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que España ha ratificado y que por tanto está obligada a cumplir.

Según el Consejo General del Poder Judicial, el número total de casos judiciales resueltos en España asciende a 140 en 2016, sin que sea posible conocer la resolución final de cada procedimiento y sin que se pueda saber la incidencia en mujeres y hombres, ya que los datos "no se hallan desagregados por sexo".