​Llarena procesa a Puigdemont, Junqueras, Turull, Forcadell, Sànchez, Cuixart y otras siete personas

 

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha decidido este viernes procesar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y otras siete personas.

Se da la circunstancia de que poco antes de conocer la decisión del magistrado, la secretaria general y ex portavoz de ERC en el Parlament, Marta Rovira, no se ha presentado  ante el Tribunal Supremo y ha anunciado por carta que se irá al "exilio".

El magistrado ha procesado por los delitos de rebelión al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras, al candidato Jordi Turull, a la expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la número 2 de ERC Marta Rovira y a otros seis exconsejeros, además de a los exresponsables de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y Ömnium Cultural Jordi Cuixart.

No son procesados por ningún delito el expresidente Artur Mas, la coordinadora del PDECAT Marta Pascal y la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

SANTI VILA

En el auto de procesamiento, el juez procesa además a los otros 5 exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.

A Puigdemont, Junqueras y los siete consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación, sin perjuicio de que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con distracción de caudales públicos de su legítima inversión contemplado en el artículo 473.2 del Código Penal.

LLARENA: EL DISEÑO CRIMINAL DEL PROCÉS SIGUE LATENTE

El juez Pablo Llarena justifica el procesamiento de 25 investigados en la causa que instruye contra el proceso independentista en Catalunya porque el "diseño criminal" de la hoja de ruta que culminó con la declaración unilateral de independencia (DUI) puede no haberse interrumpido con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y porque parece estar "latente y pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".

Josep Rull y Jordi Turull camino al TS

Así lo manifiesta el magistrado en el auto de procesamiento, en el que advierte de que la causa que investiga supone "un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Catalunya y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno, más aún por haberse desplegado aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma y del país".

Para argumentar el procesamiento por rebelión, Llarena destaca que esta figura delictiva "trata de preservar los principios esenciales de una convivencia democrática, respecto de aquellos ataques que puedan lesionar de modo profundo a los elementos más estructurales de nuestra organización política".

A su juicio, la consumación de este delito no exige alcanzar o declarar de manera efectiva la independencia, sino que agota su contenido material con la mera realización de la conducta consistente en alzarse violenta y públicamente.

Para el juez, los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre de 2017 "reflejan todas las exigencias que se han identificado para un actuar violento y aún para la violencia".

Expone que el delito tiene una configuración plurisubjetiva o de intervención múltiple, que hace de la rebelión una realidad delictiva esencialmente acorde con el reparto de tareas entre sus distintos partícipes.

Así, considera "evidente que la minuciosa ideación de la estrategia con la que pretendía imponerse la independencia en el territorio, permite considerar que los principales responsables de estos hechos siempre hubieron de representarse que el proceso terminaría recurriendo a la utilización instrumental de la fuerza".