La Generalitat aprobó un préstamo de 3 millones para Unipost, contratada para repartir el material electoral del 1-O

 

La Generalitat aprobó la concesión de un préstamo de 3 millones de euros a Unipost, la sociedad contratada para repartir el material electoral del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, según consta en uno de los últimos informes que ha entregado la Guardia Civil en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona en el que se investiga la organización del 1-O.

En el citado documento, se informa de un contrato encontrado en el registro llevado a cabo en el domicilio social de Unipost, que se adjunta como un anexo.

En el mismo intervienen Joan Tarradellas Expuny, en representación de la empresa Avançsa -Empresa de Promoción y Localización Industrial de Catalunya-, y Pablo Raventós Sáenz, en representación de Unipost. La escritura es de octubre de 2016, pero la autorización es anterior.

Según consta en la cláusula cinco del propio documento intervenido por los investigadores, el Govern de la Generalitat de Catalunya había autorizado este préstamo el 17 de marzo de 2015.

Se trata de un préstamo participativo, de tal forma que si la empresa no lo devuelve, la Generalitat puede ejercitar su derecho a convertir en acciones el capital y los intereses.

La finalidad del mismo, según se hace constar, es "cubrir las necesidades financieras temporales para preparar la campaña de verano. Abono de proveedores y costos". El interés es el euríbor a 12 meses más 300 puntos básicos y el vencimiento se fijó a cinco años, con amortización del 100% del capital a vencimiento.

Cuenta además con una garantía personal ilimitada de la prestataria y adicionalmente de una hipoteca inmobiliaria sobre dos fincas. La primera de ellas en L'Hospitalet de Llobregat y valorada en 8,3 millones de euros y la segunda, registrada Zaragoza, por valor de 583.400 euros.

El contrato tiene fecha de octubre de 2016, sin embargo, Unipost presentó concurso voluntario de acreedores en julio pasado en el Juzgado Mercantil 7 de Barcelona y la administración concursal pidió en diciembre al juez la liquidación de la empresa.

Una administración concursal que ya se estaba ejerciendo cuando fue convocado el referéndum ilegal del 1 de octubre y cuando la empresa fue contratada para repartir la documentación electoral, más de 45.000 cartas certificadas con los componentes de las mesas electorales y 5.346.734 unidades ordinarias que cubrían todo el censo electoral.