Llarena advierte a Interior que carece de competencia para el acercamiento de presos a Catalunya

 

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el proceso soberanista en Catalunya, ha avisado en un auto notificado este jueves que carece de competencia para definir el concreto centro penitenciario en el que deben permanecer los líderes independentistas investigados que se encuentran en prisión preventiva.

El magistrado realiza este aviso en un auto en el que vuelve a denegar la petición de libertad de la expresidenta del Parlament Carmen Forcadell, del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva.

Aprecia que pese a la constitución de un nuevo gobierno en Catalunya persiste el riesgo de reiteración delictiva y de fuga.

RECUSACIÓN COMÍN Y SERRET

Llarena también ha inadmitido por constituir un fraude procesal la recusación presentada contra él por los exconsellers catalanes en Bélgica Toni Comín y Meritxell Serret después de que éstos le demandaran civilmente en dicho país.

El motivo del rechazo de la recusación es que la causa alegada para que Llarena se apartase no puede alegarse cuando el pleito que se dice pendiente se ha planteado después de la designación de éste como instructor del procedimiento, lo que ocurrió hace más de seis meses.

Según el escrito de recusación presentado por la defensa de Serret y Comín el daño se habría producido "mediante una campaña de descrédito contra estas dos personas (y otros encausados), por su condición y sus funciones políticas", y habría consistido en "una persecución judicial y mediática" que habría vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, además de afectar a sus derechos políticos "en cuanto miembros de un Gobierno autónomo.

En su respuesta, dada a conocer este jueves, señala que acceder a una recusación de este tipo dejaría en manos de la voluntad de las partes apartar a cualquier instructor cuando discrepen del contenido de su investigación. Les bastaría la presentación de una demanda contra él después de iniciada la instrucción, y ello constituye un fraude procesal.