La justicia española rechaza que Llarena declare en Bélgica

 

El juez decano de Madrid, Antonio Viejo, ha rechazado tramitar la citación para el próximo 4 de septiembre realizada por un juez belga al magistrado del Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, en relación con la demanda civil presentada en dicho país por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

La denegación se fundamenta en un Reglamento del Consejo de la Unión Europea que exceptúa la obligación de tramitar este tipo de notificaciones entre países miembros cuando "afectan a la responsabilidad del Estado en el ejercicio de su autoridad", como es el caso.

El expresident y los exconsejeros huidos a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig- y a Escocia -Clara Ponsatí- interpusieron a principios de este mes una demanda civil conjunta ante la justicia belga contra Llarena por una supuesta "falta de imparcialidad" y por vulnerar su presunción de inocencia. 

Basándose en esta demanda, los investigados por presunta rebelión en el proceso independentista recusaron al magistrado ante el Tribunal Supremo.

La respuesta del juez decano de Madrid -al que le correspondía este trámite por figurar la sede del Tribunal Supremo en la capital como domicilio al que localizar a Llarena- ha consistido en decirle al juez belga que no procede citar a Llarena en cumplimiento del articulo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Este artículo establece las excepciones de cumplimiento cuando un documento judicial o extrajudicial en los ámbitos civil o mercantil deba transmitirse de un Estado miembro a otro. 

"No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad", señala la norma, siendo de aplicación a este caso la última de las salvedades señaladas.

La acción judicial en Bélgica tiene consecuencias en España, ya que Puigdemont y el resto de investigados se han basado en ella para pedir al Supremo que aparte de la causa a Llarena "ya que el hecho de tener "una causa pendiente" con "una de las partes" es "motivo suficiente" pra considerar su falta de imparcialidad, según explicó en su día Comín.