Bustos se sienta el martes en el banquillo acusado de quitar multas a familiares

La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona juzgará a partir del martes al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos y al exjefe de la Policía Local Josep Miquel Duran por quitar multas de aparcamiento a la esposa e hijos del exprimer edil en 2012.

Bustos se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer un cargo público y una multa de 400 euros por un delito de tráfico de influencias, mientras que para el exmando policial pide seis años y medio de cárcel por tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental, y 19 años de inhabilitación.

También está acusado en el juicio el entonces coordinador del Área de Espacio Público del Ayuntamiento y amigo de la familia, Xavier Izquierdo, por malversación, por la que le piden pagar una multa de 1.800 euros.

Los tres se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del martes a las 10 horas y durante tres días por una de las piezas separadas del conocido como caso Mercurio de presunta corrupción en el que se vio implicado el exalcalde y otros miembros del consistorio.

Según el relato de la Fiscalía, el 28 de marzo de 2012 se le impuso una multa de 200 euros a la esposa de Bustos por aparcar en una parada de transporte público, y Bustos llamó al intendente "en un tono distendido, afable y amigable" para que le quitaran la penalización.

Entonces, Duran dio órdenes para que la sanción de tráfico no prosperara enviando un correo electrónico a la Sección de Multas de la Agencia tributaria del Ayuntamiento de Sabadell en el que se pedía anularla por "vicios probatorios".

Unos meses después, el 22 de junio de 2012, la grúa municipal le retiró el coche a los hijos de Bustos porque lo habían aparcado en una zona de carga y descarga, y siguiendo el mismo procedimiento, Bustos llamó al mando policial para que "solucionara el tema", según el fiscal.

A su vez, Duran llamó a Xavier Izquierdo para que acudiera a la Jefatura de la Policía Local a ayudar a los hijos de Bustos, y los dos fueron a buscar el vehículo al depósito municipal y pagaron el coste de retirarlo, de 133,50 euros, con dinero de titularidad pública del que disponía el cuerpo policial.

Posteriormente, Duran emitió un informe "que describía una urgencia médica inexistente" para conseguir que el expediente se archivara para no atender al pago de la multa y se devolviera el dinero pagado para retirar el vehículo, consiguiendo que se anulara el 2 de agosto de ese año.

Según la Fiscalía, con estas actuaciones los acusados cometieron presuntamente delito de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.