​Condenan a la Generalitat a pagar un millón de euros a Balañá por prohibir los toros en Catalunya

Los dueños de la Monumental habían solicitado una compensación de 10 millones de euros.

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Monumental barcelona

 

Monumental barcelona


El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha condenado a la Generalitat a pagar casi un millón de euros a la familia Balañá, dueña de la plaza de toros Monumental de Barcelona, por los daños ocasionados tras la prohibición de las corridas en Catalunya.


La sentencia del Tribunal Superior de Catalunya, a la que ha tenido acceso Catalunyapress y que data de enero de 2018, establece que la cantidad indemnizatoria a la que tiene derecho la empresa Balaña es de 973.483 euros, más los intereses devengados.


Los dueños de la Monumental habían solicitado una compensación de 10 millones de euros. El desglose de ésta cantidad corresponde a 4,5 millones por "lucro cesante" o pérdida de beneficios por cierre de la plaza de toros, otros 3,1 por "daños emergentes relacionados con la actividad taurina", 1,3 por "obsolescencia de la edificación", 40.627 euros por indemnización del único empleado fijo, alrededor de medio millón por "sobrecoste de mantenimiento del edificio" y otro medio por "daños morales".


El TSJC también ha impuesto al Govern la obligación de indemnizar al dueño de la plaza de toros con 181.725 euros por lucro cesante, que multiplicado por cinco años que duró la prohibición de actividad taurina en aplicación de la Ley 28/2010, hasta su declaración de inconstitucional, supone la cifra total de 908.625 euros; 24.627 euros por indemnización de personal y 36.000 euros por obsolescencia de la edificación y por sobrecoste de mantenimiento del edificio.


PROHIBICIÓN DE LOS TOROS EN CATALUNYA


En julio de 2010, el Parlament prohibió las corridas de toros en Catalunya. Con 68 votos a 55 en contra y 9 abstenciones, en una votación en la que sólo uno de los 135 diputados no participó.


Tras meses de debate y posiciones encontradas, la Cámara catalana refrendó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la plataforma Prou!, avalada por 180.000 ciudadanos que hacían esta petición histórica.


El apoyo mayoritario de CiU a la propuesta, respaldada también por los grupos de ERC e ICV-EUiA, hizo posible que prosperara esta iniciativa ciudadana, mientras que el PP catalán y Ciudadanos votaron en contra, como la mayoría de diputados del PSC.


Cabe recordar que, entre los miembros del PSC que no votaron a favor se encontraba el president de la Generalitat, José Montilla, que confirmó su voto negativo.


'Hubiera preferido que la continuidad de los toros fuera una decisión tranquila y normalizada de los ciudadanos', aseguró el Molt Honorable.


EL TC ANULA LA PROHIBICIÓN


En 2016, el Tribunal Constitucional anuló  el artículo 1 de la Ley catalana que prohíbe las corridas de toros al considerar que invadía la competencia del Estado, al ser considerada fiesta nacional y patrimonio cultural. 


Aunque la sentencia reabría la posibilidad de volver a celebrar corridas de toros en Catalunya, aún así, la última que se celebró en la Monumental fue la de José Tomás en 2011. 


Tras conocer la sentencia del Constitucional, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, publicó en sus redes sociales: "“Diga lo que diga el T. C., haremos cumplir las normativas que impiden el maltrato de animales”.


En una comparecencia ante los medios junto al líder de CiU en el consistorio, Xavier Trias; el del PSC, Jaume Collboni; el de ERC, Alfred Bosch, y la concejal de la CUP Maria Rovira, Colau aseguró que la normativa del Ayuntamiento iba más allá de las corridas de toros, y que también defendía los derechos de los animales.


"Si no podemos permitir clavar una banderilla a un perro de la calle, no podemos dejar que se maltrate a un animal en un recinto cerrado", explicó la alcaldesa en aquella comparecencia.

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