Interior reconocerá a las víctimas de los atentados de Catalunya aunque les venza el plazo

 

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prometido, ante las quejas planteadas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que será flexible para atender a todos los afectados en la tramitación de por ahora 223 expedientes de ayudas e indemnizaciones generadas por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.

Grande-Marlaska ha expuesto estos datos en una carta de respuesta a Colau, quien había pedido a Interior alargar el plazo para que los afectados por el atentado yihadista en Catalunya puedan solicitar las ayudas establecidas para las víctimas del terrorismo.

En su misiva del 11 de julio, Grande-Marlaska asegura que "los posibles casos" que excedan el año marcado por ley "serán estudiados con detalle por el Ministerio en la búsqueda de una solución en la que, por supuesto, primen los derechos de los afectados por encima de los plazos legales".

También recuerda el ministro que estos posibles problemas burocráticos fueron tratados el 5 de julio entre los técnicos de Interior y la unidad de atención a las víctimas de Barcelona. Esta última unidad firmó un convenio para sumarse a la prestación de ayuda psicológica.

Según los datos manejados por Interior en un reciente informe, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo activó su protocolo de atención la misma tarde del 17 de agosto, prestando atención psicológica a 24 personas: 16 de Barcelona, una de Castellón, una de Huesca y seis de Tarragona.

Para ello se utilizó la Red Nacional de psicólogos, cuyas terapias se financian por Interior, "evitando que las víctimas las tengan que abonar por anticipado". A los extranjeros, debido al retorno a sus países de origen, se les ha ofrecido el abono de las terapias que no estén a disposición de sus sistemas sanitarios.

El listado que se utilizó fue el facilitado por la Generalitat, que determinó que ciudadanos de 34 nacionalidades resultaron afectados en el atentado yihadista.

En torno a dos terceras partes de las víctimas eran extranjeras y el resto españoles. Fallecieron 16 ciudadanos: cinco españoles, una de doble nacionalidad y diez extranjeros.