El Gobierno defenderá a Llarena "hasta las últimas consecuencias"

 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado este lunes que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados de España han presentado contra él en Bélgica y ha asegurado que el Ejecutivo le defenderá "hasta las últimas consecuencias".

Delgado ha incidido en que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado.

Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso el 31 de julio, que "no entra en el fondo" de la demanda porque el Gobierno no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.

"No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos", ha detallado. Eran, según ha dicho, "borradores" internos.

En esta línea, ha argumentado en una entrevista a RNE que el Gobierno ha hecho "un ejercicio de transparencia": "Cada paso que ha dado el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado, las personas y el equipo que estamos involucrados en el estudio de este asunto ha sido comunicado y por eso hemos ido en esta evolución".

Para Delgado, si bien "es una demanda civil contra el honor del juez Llarena" por unas declaraciones a los medios fuera del tribunal, "tiene un trasfondo jurisdiccional que puede afectar a nuestra jurisdicción" ya que "la demanda, entera, es instrumental" que "pretende quebrar la actuación jurisdiccional de España" y en eso, el Gobierno es "tajante".

"No puede caber la mínima duda, vamos a defender hasta sus últimas consecuencias la jurisdicción española y a aquellos a través de quienes se desarrolla, que en este caso es Llarena pero puede ser cualquier otro juez", ha sentenciado, para después añadir: "Defender los intereses de España en este caso pasan por defender la actuación jurisdiccional y al juez Llarena".