Los jueces destinados en Catalunya se sienten acosados y aislados tras las declaraciones de Torra

 

La airada respuesta del president de la Generalitat, Quim Torra, a la publicación de las opiniones de varios jueces en un chat corporativo ha aumentado la distancia que ya existía entre los magistrados destinados a Catalunya y las instituciones de autogobierno.

El contenido de los mensajes ha impulsado definitivamente el argumento de los independentistas sobre la parcialidad de los tribunales ante la causa del ‘procés’ y la nula separación de poderes. 

Una situación que ha puesto de nuevo de manifiesto la sensación de acoso y aislamiento que viven los jueces en Catalunya y la incomodidad de constatar que se encuentran en la diana del Govern.

Así, el periódico digital ‘El Confidencial’ traduce esta excesiva presión en el hecho de que, desde setiembre de 2016 hasta ahora 67 jueces han abandonado la comunidad autónoma. Casi 70 de un colectivo de 775, según los cálculos de las asociaciones.

En este mismo sentido, los que se quedan transmiten una enorme sensación de impotencia. Aseguran que la relación con la Consellería de Justicia está rota y no fluyen las vías de comunicación necesarias ni para reclamar ni para obtener el apoyo de recursos humanos y material que debe aportarles la Generalitat.

En 2017, el Gobierno aprobó un Real Decreto para la creación de nuevos juzgados en el territorio que, por el momento, no han llegado. Debían implantarse 14 nuevos Juzgados: el de primera instancia número 59 de Barcelona, el número 8 de Badalona, el 8 y el 9 de Granollers, el 8 de l’Hospitalet, el 9 de Mataró, el 9 y el 10 de Sabadell, el 9 de Terrassa, el 7 de Girona, el 9 de Lleida y el 7 de Reus, el de primera instancia e instrucción número 9 del Vendrell y el juzgado mercantil número 11 de Barcelona. El departamento de Justicia de la Generalitat destinó el pasado junio 7.396.235 euros para su puesta en marcha con la promesa de iniciar el camino con cinco de ellos. Pero se mantiene la incógnita de cuándo se impulsarán los demás y si las prioridades presupuestarias del Govern permitirán finalmente su creación.

Las recientes declaraciones de Quim Torra se interpretan como un acoso a la figura del juez que se traduce, según los datos del Consejo General del Poder Judicial en una extraordinaria movilidad de los magistrados destinados en Catalunya. Así, desde finales de 2017, 22 jueces se han ido a otra comunidad autónoma y otros 55 se han movido de un destino a otro dentro de Catalunya.

Las asociaciones de jueces y fiscales han ejercido en este tiempo una permanente labor de apoyo a sus compañeros en esa zona. En su último comunicado, las cuatro asociaciones judiciales (la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente) salieron en defensa de la independencia judicial.

El intento de desprestigiar al poder judicial, una elección estratégica de cara al próximo juicio que sentará en el banquillo a Oriol Junqueras y el resto de acusados por rebelión y malversación, se entiende por algunos como un intento de forzar la promesa efectuada por el Gobierno de Pedro Sánchez de propiciar la creación de un órgano de gobierno propio y desgajado del nacional.