UGT critica que las empresas no se impliquen con la inclusión laboral de los discapacitados

 

UGT ha estimado que si todas las empresas y establecimientos de Catalunya de más de 50 empleados cumpliesen con la cuota del 2% de trabajadores con discapacidad que fija la Ley de Integración Social del Minusválido (Lismi) un total de 28.644 personas discapacitadas tendrían trabajo, un 42,8% más que las actuales.

El sindicato reprocha que aunque una de cada dos personas con discapacidad es potencialmente activa por edad, el colectivo se caracteriza por "la baja actividad, baja ocupación y elevado paro", según el estudio 'Las personas con discapacidad y el mercado de trabajo en Catalunya' elaborado por UGT.

En 2016, el 36,2% de los discapacitados de entre 16 y 64 años estaban activos frente al 81,7% de las personas sin discapacidad; el 63,8% de los discapacitados en edad laboral son inactivos ante el 18,2% de las personas sin discapacidad, y el salario bruto de las personas asalariadas con discapacidad era de 19.297,6 euros, un 17,1% inferior al de las personas sin discapacidad.

La Lismi fija que las empresas con 50 personas trabajadoras o más deben respetar una cuota del 2% de empleados con discapacidad igual o superior al 33%, pero que existen supuestos de excepción de la obligación, y UGT reprocha que las empresas prefieren acceder a medidas alternativas como la suscripción de un contrato con un centro especial de trabajo y la realización de donaciones o patrocinios que a la contratación.

El sindicato asegura no disponer de cuántas empresas catalanas están cumpliendo la ley, pero que por los datos de Inspección de Trabajo sobre empresas que acceden a las medidas alternativas muestra su "preferencia" a su acceso en lugar de a la contratación.

UGT ha llamado a reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y revisar la sanción en el caso de incumplimiento por parte de las empresas de la cuota o de las medidas alternativas, y ha considerado necesario un fomento más decidido del empleo efectivo en las empresas ordinarias de trabajadores con discapacidad.

El sindicato ha considerado que las medidas alternativas tendrían que ser la excepción y que se debería resolver el hecho de que haya empresas que "se puedan aprovechar" de una declaración de excepcionalidad aprobada porque no se ha podido cubrir un puesto de trabajo en particular.