La Generalitat, indecisa ante las peticiones del taxistas

 

La Generalitat abordará este viernes frente a las asociaciones de taxistas en el Consejo del Taxi si obliga a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con una antelación mínima y volver a la parada después de cada trayecto.

Esta reunión entre administración pública y taxistas llega después de que hace una semana asociaciones como Élite Taxi pusieran sobre la mesa el pasado lunes la posibilidad de convocar una huelga por el Mobile World Congress (MWC), que tendrá lugar del 25 al 28 de febrero en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si el Gobierno no contempla legalmente ambos requisitos.

En consecuencia, el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha estado estudiando la viabilidad jurídica de incluirlo en el Decreto Ley que está elaborando junto al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para regular la actividad de plataformas como Uber y Cabify.

Élite Taxi, el Sindicato del Taxi de Catalunya (Stac) y otras asociaciones han llamado a movilizarse durante la celebración del Consejo del Taxi y prevén realizar una asamblea informativa cuando éste termine para decidir qué posición tomar una vez conozcan que hará la Generalitat con la norma.

PATRONAL

Ante esta posibilidad, Unauto, la patronal de los VTC, ha alertado de que la precontratación es innegociable, ya que su oferta dejaría de ser competitiva y rentable, lo que la organización ha señalado que, en la práctica, conllevaría el eliminación de decenas de empresas y el despido de sus trabajadores, que se sitúan en los 3.000 en Cataluña.

También avisó de que, si la Generalitat lleva adelante esta legislación, deberá asumir 1.100 millones de euros de las indemnizaciones que derivan del real decreto ley aprobado por el Congreso a finales de septiembre, al asumir las competencias de regular al respecto.

ACCO

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) consideró "discriminatorio y restrictivo" que los VTC deban precontratar sus servicios y volver a la parada, y dice que supondría introducir ineficiencias en el desarrollo de su actividad.

Este organismo, que vela por el correcto funcionamiento de los mercados en libre competencia, expuso que impugnará las regulaciones que puedan derivarse del decreto ley planteado por la Generalitat, si acaba incluyendo estas dos medidas, además de presentar informes al Gobierno rechazándolas.

Argumentó que esta normativa habilitaría AMB para hacer una ordenanza específica sobre el servicio que prestan estos vehículos incluyendo las: "Esto sería impugnable", valoró, y subrayó que lo será independientemente de que se haga al amparo de la legislación aprobada por el Gobierno.