La oposición reprueba la política de seguridad de Colau

 

El pleno extraordinario de Barcelona ha aprobado este viernes reprobar la gestión municipal en seguridad y de la Guardia Urbana, e instar a cambiar estas políticas, con el apoyo de PDeCAT, Cs, ERC, PSC y PP, el 'no' de BComú y la CUP, y la abstención de los dos ediles no adscritos, Gerard Ardanuy y Joan Josep Puigcorbé.

También pide dotar a la Urbana de los recursos humanos, materiales y de formación necesarios, según la propuesta, aprobada en un pleno solicitado por PDeCAT y ERC, y que se ha celebrado tras otro pleno extraordinario sobre el estado de la seguridad y el ordinario de enero --estaba convocado para las 15.00 y ha empezado sobre las 17--.

La alcaldesa, Ada Colau, ha pedido a los grupos que se unan a ella para pedir a la Generalitat como mínimo 150 mossos d'Esquadra de la nueva promoción para Barcelona, mientras que ha reprochado al PDeCAT que la quieran reprobar "cuando la responsabilidad de la seguridad la tiene su grupo en el Govern".

Considera "lógico" que Barcelona, como gran ciudad, tenga problemas de seguridad, pero resalta que trabajan para solucionar asuntos como el narcotráfico, y asegura que los agentes cuentan con todo su reconocimiento.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Jordi Martí (PDeCAT) ha recordado que el 21% de barceloneses creen que la inseguridad es el primer problema de la ciudad, según el Barómetro Municipal, y ha asegurado que este resultado es fruto de la poca dedicación de Colau a la seguridad: "El problema es que no han creído y no creen en la policía y sus funciones", aunque admite que faltan mossos.

Ha sostenido que el Gobierno municipal ha provocado que la Urbana esté "desincentivada y desmotivada", y ha reprochado que Colau no hace autocrítica y centrifuga los problemas, por lo que reivindica el trabajo que realizó el entonces primer teniente de alcalde Joaquim Forn al frente de la policía local y la seguridad.

Desde ERC, Jordi Coronas (ERC)ha resaltado la importancia de que abordar la seguridad desde la izquierda, y ha rechazado que se mezcle el discurso de seguridad y convivencia: "La derecha lo arreglaría todo con porras y más policías, y nosotros decimos que no se arregla solo con eso". El edil republicano ha pedido a Colau definir un modelo de seguridad que implique más agentes de la Urbana, y que éstos puedan acceder a más formación y tengan más recursos.

La líder de Cs, Carina Mejías, ha dicho que la alcaldesa se reservó para ella el ámbito de seguridad por sus "históricos encontronazos con la Guardia Urbana" y para reformar el sistema, y que ha demostrado aversión a aplicar la autoridad, en sus palabras.

Jaume Collboni (PSC) ha subrayado la responsabilidad del Gobierno municipal en la inseguridad de la ciudad, ya que, según él, esta situación no ha pasado en otras ciudades, por lo que propone una declaración pública de "apoyo abierto y desacomplejado" a la Urbana, efectivos en las calles para prevenir delitos, y un plan de civismo que se cumpla.

El edil del PP Alberto Fernández ha responsabilizado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de la falta de Mossos en la ciudad; ha pedido a Colau respaldar a la Urbana, y le ha acusado de tener alergia a la ley y estar al lado de los manteros: "Jaume Asens ha sido el abogado de todos aquellos que persigue la Guardia Urbana".

Maria Rovira (CUP) ha exigido abordar la seguridad desde una perspectiva compleja que incluya todas las variables, no sólo policial, teniendo en cuenta la garantía de derechos y la precarización para ir a las causas: "Si continuamos haciendo lo mismo que ahora, es evidente que la situación no cambiará".

"Estamos jugando a un ajedrez político que no nos permite avanzar", ha lamentado Ardanuy, que ha dicho que los reproches políticos impiden una respuesta social en seguridad, mientras que Puigcorbé ha dicho que la sensación de inseguridad también tiene relación con la falta de vivienda, empleo, desigualdades sociales y de oportunidades.

INTERVENCIÓN DE LAGARDER

En la sesión ordinaria anterior a este pleno extraordinario, la Urbana ha expulsado al activista y miembro de la Casa de Cádiz --que acoge un espacio autogestionado con personas sin techo-- Danciu Lagarder, que ha interrumpido la sesión para reclamar atención para una familia que lleva cinco día durmiendo en la calle.