El TSJC investigará a una diputada de ERC por la expulsión de policías en Pineda de Mar

 

Un hotel de Calella que alojaba a los agentes decidió cerrar, después de las protestas.

El Juzgado de Instrucción 2 de Arenys de Mar (Barcelona) ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) las diligencias contra la diputada de ERC en el Parlament y alcaldable en Pineda de Mar, Mònica Palacín, por presuntamente expulsar a policías de dos hoteles de este municipio tras el 1-O.

Según ha informado este miércoles el TSJC, la Sala civil y penal del TSJC ha designado ponente y sala de admisión en relación a la querella presentada por el Ministerio Fiscal contra la diputada, y la causa está pendiente de admisión.

El Juzgado ha acordado inhibirse del conocimiento de las diligencias en cuanto a la acción ejercitada por la Fiscalía contra la diputada a favor de la Sala Penal del TSJC, y esta sala ha designado como ponente al magistrado Jordi Seguí.

El juez de Arenys admitió a trámite en abril una querella presentada por la Fiscalía contra tres tenientes de alcalde, una concejal y el jefe de la Policía Local de Pineda de Mar (Barcelona) por la presunta expulsión de policías de dos hoteles donde se alojaban en octubre.

La querella se dirigía contra Palacín, concejal de ERC en el municipio, así como contra los tenientes de alcalde Carme Aragonès, Jordi Masnou y Sílvia Biosca (PSC), y el jefe de la Policía Local, Carles Santacreu, por un presunto delito de coacciones.

Según la Fiscalía, Aragonès, Masnou, Palacín y Santacreu se presentaron el 2 de octubre hacia las 21.00 horas en un hotel que hospedaba agentes de la Policía Nacional para presuntamente pedir a la dirección de la cadena hotelera, "prevaliéndose de la autoridad que representaban", que les expulsara.

La dirección de la cadena hotelera respondió que los agentes tenían reserva hasta el 5 de octubre y Masnou advirtió al gerente de que, "si no echaba a los policías, le iba a cerrar el hotel al día siguiente e iba a estar cerrado cinco años", según relata el ministerio público en la querella.

Los cargos municipales abandonaron el lugar tras la conversación y el gerente de la cadena de hoteles, "impulsado por el temor a posibles y creíbles represalias", redactó una carta en la que comunicaba que se veía obligado a desalojar el 3 de octubre antes de las 16.00 horas a los agentes de la Policía Nacional que se hospedaban en dos de sus establecimientos, según la querella de la Fiscalía.

Los dos hoteles alojaban a 496 agentes de Policía Nacional trasladados a Catalunya en motivo de la convocatoria y posterior celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017.