Miquel Valls (Cambra de Comerç) lamenta que no se aprueben los presupuestos
La entidad recuerda que el proyecto de presupuestos contemplaba un aumento significativo de la inversión en infraestructuras en Cataluña, en concreto del 66% respecto el 2018.
El presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, lamentó que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para el 2019 para que afecta negativamente al interés general de la economía y la sociedad catalanas.
En un comunicado, la Cambra de Comerç destaca que el proyecto de presupuestos recogía un importante aumento del gasto productiva. Concretamente, gasto en I+D civil crecía un 5,6% respecto al presupuesto del año pasado, y el gasto en infraestructuras un 40%.
Estos presupuestos representaban una mejora económica importante para Cataluña tanto desde el punto de vista social, porque se recuperaban buena parte de los retrocesos sociales que se tuvieron que adoptar durante la crisis, como desde el punto de vista de la inversión en infraestructuras, una reclamación histórica de la Cambra de Comerç de Barcelona.
INVERSIONES EN CATALUNYA
El proyecto de presupuestos contemplaba también un aumento significativo de la inversión en infraestructuras en Cataluña (del 66% respecto al 2018) y el cumplimiento del espíritu de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto.
Concretamente, la inversión pública del Estado en Cataluña presupuestada era de 2.051 millones de euros, cifra a la que se sumaban los 200 millones pactados en la Comisión Bilateral (de los 759 millones pendientes) por el cumplimiento de la disposición adicional tercera de la Estatuto del año 2008. Esto daría un total de 2.251 millones de euros de inversión en Cataluña.
Para la entidad económica catalana, Cataluña ha perdido también otra ventaja y es que la secretaria de Estado de Hacienda había asegurado que las comunidades más endeudadas recibirían nuevas facilidades del Estado en los fondos de financiación de comunidades autónomas en la vía de "allanar vencimientos", es decir, alargar los plazos de devolución de los 57.000 millones que debe la Generalitat al Estado.
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