28A: Primeras elecciones en las que pueden votar 100.000 personas con discapacidad intelectual

 

La XII Legislatura acaba con la reforma de la Ley Orgánica del Régimen de Electoral General (LOREG), que permite a más de 100.000 personas con discapacidad intelectual con sentencia judicial de incapacidad ejercer su derecho al voto, una iniciativa que procede de la Asamblea de Madrid y que el Congreso de los Diputados tomó en consideración en noviembre de 2017 para aprobarla finalmente en octubre de 2018.

Según han informado fuentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), este colectivo podrá participar "con toda seguridad" en las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que antes de este anuncio ha atribuido a su gestión la reforma de la LOREG: "Reconocimos el derecho al voto de 100.000 personas con discapacidad que no lo tenían reconocido".

Sin embargo, para el movimiento social de personas con discapacidad esta conquista del voto no termina con la "conculcación de derechos fundamentales" de las personas con discapacidad, ya que quedan pendientes varias reformas para que España cumpla con la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad firmada hace más de una década.

El cierre de la Legislatura deja en suspenso la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad, en su mayoría mujeres, que contempla el artículo 156 del Código Penal y sobre la que la ONU ha advertido ya a España. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial hay un promedio de 100 resoluciones de autorización de esta práctica al año en España.

Tanto expertos como organizaciones de infancia y discapacidad sostienen que detrás de este artículo del Código Penal para evitar embarazos no deseados, existe el riesgo de que la esterilización se convierta en la puerta de entrada a abusos y agresiones sexuales contra estas mujeres y niñas con discapacidad porque desaparece esta posibilidad de embarazo.

De momento, en este ámbito, el Gobierno solo se ha comprometido a crear "una comisión de expertos para estudiar una posible reforma del Código Penal para prohibir la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad", según indica en una respuesta parlamentaria con fecha del 21 de enero.