El Ayuntamiento inspecciona Serveis Funeraris antes del quinto rechazo en el pleno de la funeraria pública

 

Hacer de la necesidad, virtud. El concejal Eloi Badia parece haber asumido este refrán si se examina su último movimiento para intentar salvar su proyecto de funeraria pública.

Después de que tanto el PSC como PDeCat hayan asegurado que en el pleno extraordinario de este miércoles 27 no van a respaldar la iniciativa de los comuns, y de que el comité de empresa de Serveis Funeraris haya mostrado su rechazo al nuevo operador 100% público, Badia no contaba con suficientes apoyos ni dentro ni fuera de la empresa mixta SFB (Serveis Funeraris de Barcelona) para sacar adelante su empeño personal.

Sin embargo, el informe de la síndica de greuges de la capital, Maria Assumpció Vilà, ha insuflado una nueva esperanza al edil. En este informe, una vecina se quejaba de una factura de un servicio funerario con un precio de 11.127 euros porque lo consideraba un precio excesivo dada su situación de vulnerabilidad.

En rueda de prensa, Badia ha comunicado que "a raíz de los informes de la síndica se inició el pasado jueves una inspección del proceso de facturación de Serveis Funeraris por parte del área de Consum". Ha destacado que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) --que actúa de oficio-- empezó el jueves una inspección que siguió el lunes, tras la que se ha abierto esta auditoría a SFB --con un 15% de participación del Ayuntamiento y un 85% de Mémora--.

Mediante esta auditoría, el Ayuntamiento asegura que quiere corroborar que tanto la calidad como el precio de los servicios de inhumación cumplen con la legalidad vigente. En función de qué resultados arroje el expediente incoado, "se harán recomendaciones o bien se abrirá un expediente sancionador" contra la empresa públicoprivada.

UNA INSPECCIÓN QUE LLEGA JUSTO A TIEMPO

A preguntas de los periodistas sobre tan oportuna inspección, Badia se ha escudado apelando a su honestidad: "si soy sincero, había dos posibilidades: posponer el pleno hasta abril o bien celebrarlo este miércoles, pero como aún no había conclusiones, entendemos que podíamos separar las dos cosas".

"Nos debemos a la ciudadanía, que nos lo pidió en el barómetros y creemos que el proyecto de funeraria pública es sólido y servirá para bajar precios", ha concluido el concejal.

Esta afirmación contrasta con los altos índices de aprobación señalado por los vecinos en encuestas de SFB. Como publicó Catalunyapress, fue el propio ayuntamiento quien hace dos años suspendió la comisión de seguimiento porque reconocía la "buena gestión" de la empresa en la cual ostenta un 15% del capital.

Precisamente, el Ayuntamiento también ha encargado otro expediente para estudiar la posible pérdida de valor de esa cuota en SFB. Según Badia, ahora mismo esa participación podría haberse devaluado, motivo que justificaría a su juicio tanto venderla como invertir ese dinero en una funeraria totalmente pública.

¿QUÉ SE VOTA ESTE MIÉRCOLES?

Lo que está claro es que este movimiento del Ayuntamiento llega a pocos días de que el pleno municipal reciba por quinta vez el proyecto de funeraria pública auspiciado por los comuns.

Desde su comienzo, el periplo de esta promesa electoral ha sido accidentado: sin presupuesto confirmado --solo se ha adelantado la voluntad de vender el 15% de las acciones de SFB--, sin localización precisa ni apoyos profesionales ni políticos, el proyecto ha quedado descafeinado hasta convertirse en una ampliación de 20 salas de velatorio en distintas fases hasta 2022 (más allá del periodo de gobierno, que concluye en apenas dos meses).

En concreto, el pleno extraordinario votará la venta del 15% que mantiene el Ayuntamiento en SFB y otro expediente para crear la funeraria pública, pero si ninguna fuerza política cambia a última hora el sentido de su voto, será rechazada por una mayoría en contra.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde el grupo Demòcrata, Sònia Recasens, ha tachado de grave irresponsabilidad este anuncio del Gobierno de Colau: "Pretende hacer una operación de presión 24 horas antes de la votación" con una acusación antes de terminar el procedimiento y vulnerando y atacando los derechos y la honorabilidad de los trabajadores de SFB, ha dicho en declaraciones a los medios.

La socialista Carmen Andrés ha sostenido después que el único objetivo del Gobierno municipal es presionar a los grupos municipales: "Ha preparado un ambiente de cara a la votación" sin demostrar que se hayan producido irregularidades, y ha avisado de que el Ayuntamiento tiene responsabilidades en este asunto.

Javier Mulleras (PP) ha coincido en destacar la responsabilidad del consistorio en el asunto por su participación en SFB, y ha aseverado: "El Gobierno de Colau ha actuado de nuevo como pirómana política", generando un incendio para calentar el pleno extraordinario de este miércoles y presionar a los grupos, según ha dicho.