El juicio del procés acoge las comparecencias de los guardias civiles

Después de que el tribunal haya escuchado los testimonios de sus mandos: el coronel Diego Pérez de los Cobos y el teniente general Ángel Gozalo.

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Coche guardia civil 20 set 2017

 

La fase de testigos del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo cuenta esta semana con la comparecencia de los primeros 24 agentes de la Guardia Civil solicitados por la Fiscalía, cuya comparecencia consumirá las tres jornadas de sesión de mañana y tarde que arranca el próximo martes.


Las comparecencias de estos guardias civiles, cuya identidad no se da a conocer en la diligencia de ordenación que incluye sus citaciones, se produce después de que el tribunal haya escuchado los testimonios de sus mandos -el coronel Diego Pérez de los Cobos y el teniente general Ángel Gozalo -en el dispositivo especial que se arbitró en Catalunya de cara al referéndum del 1 de octubre de 2017.


No obstante, la sesión del martes no comenzará directamente con los agentes, lo hará a las 9.30 horas con dos testigos que quedaron pendientes en las sesiones de las semana pasada debido a lo prolongado del interrogatorio realizado el jueves al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.


Se trata del subsecretario de Hacienda y Función Pública bajo mando de Cristóbal Montoro, Felipe Fernández Rico, al que seguirá un funcionario de la Dirección de Servicios del Departamento de Trabajo de la Generalitat, David Badal.


Por lo que se refiere a los agentes, son identificados en la diligencia por su número profesional TIP y el tribunal ha previsto que comparezcan un total de siete el próximo martes 19, a los que seguirán otros siete el día 20. Para el jueves 21 la Sala ha previsto la comparecencia como testigos de otros diez agentes del Instituto Armado.


Estos guardias civiles, cuya participación concreta en los hechos sometidos a juicio no se da a conocer en la diligencia, podrían declarar sobre su experiencia personal dos momentos concretos que son considerados decisivos por las acusaciones para apuntalar su petición de condena por rebelión y manifestación: el cerco a la Conselleria de Economía del 20 de septiembre de 2017 y las actuaciones en las puertas de los colegios y centros de votación del 1-O.

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