La oposición exige investigar las irregularidades de Cementiris esgrimidas por Eloi Badia

 

La comisión de Presidencia de Barcelona ha aprobado este miércoles una propuesta del PP para instar al Gobierno de Ada Colau a realizar una auditoría sobre la facturación de Cementiris de Barcelona de los últimos cuatro años.

Lo han apoyado PDeCAT, Cs, ERC, PSC y PP, mientras que BComú ha votado en contra y al CUP se ha abstenido ante la propuesta, que defiende encargar y realizar esta auditoría "con la finalidad de detectar las presuntas irregularidades de facturación del Informe Anual" señaladas por la Síndica de Greuges de Barcelona.

El concejal de Presidencia, Eloi Badia, ha replicado que la Síndica no alertó de irregularidades, sino de prácticas y aspectos mejorables y pidió más transparencia, y ha defendido que se han impulsado acciones en este sentido: "La Síndica nos indica que podemos hacer mejoras, y actuamos en consecuencia".

Considera que esta respuesta evidencia que la celeridad con la que puede actuar el Ayuntamiento en una empresa pública es mucho mayor que en el caso de una mixta, algo que ha ejemplificado con el caso de Serveis Funeraris de Barcelona (SFB) --con un 15% del Ayuntamiento-- ante presuntas irregularidades señaladas también por la Síndica en dos casos, ante lo que la Oficina de Consumo ha abierto de oficio una auditoría del sistema de facturación, ha recordado.

LA OPOSICIÓN PIDE COHERENCIA Y TRANSPARENCIA

Jordi Martí (PDeCAT) ha pedido actuar con coherencia y responder de la misma forma ante los dos casos, por lo que ha apoyado la opción de encargar una auditoría de Cementiris, y Santiago Alonso (Cs) ha dicho que desde su grupo deben "votar en favor de la transparencia".

La republicana Trini Capdevila ha defendido que su apoyo a la propuesta responde a la voluntad de seguir mejorando los sistemas de la empresa pública, y la socialista Carmen Andrés ha señalado que se trata de un ejercicio de transparencia.

El popular Javier Mulleras, que ha defendido esta propuesta del PP, ha subrayado que el objetivo es buscar una "mayor transparencia pese a la opacidad del Gobierno municipal" y evitar la diversidad de criterios ante casos similares en función de la empresa, según él, y la concejal de la CUP Maria Rovira se ha limitado a expresar la abstención de su grupo.