El Gobierno cree que se puede mejorar la 'ley Margallo' sobre las delegaciones autonómicas en el exterior

 

El Gobierno considera que la Ley de la Acción y el Servicio Exterior del Estado, impulsada en 2014 por José Manuel García-Margallo para obligar a las comunidades autónomas a informar de sus planes de abrir delegaciones en el exterior, presenta "puntos mejorables".

Así lo afirma el Ejecutivo en un respuesta a una pregunta parlamentaria relativa a las delegaciones catalanas. En ella, recuerda que para ello no es necesaria "aprobación previa" de Exteriores, sino comunicación para que se emita un informe que no es vinculante.

Desde que tomó posesión, el Gobierno de Quim Torra ha abierto un total de 12 delegaciones. Exteriores recurrió las seis primeras (en Londres, Berlín, Washington, Roma, Ginebra y París) e informó en contra de la apertura de las seis siguientes (Viena, Tallín, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut), pero no ha podido impedir la apertura de ninguna.

El Gobierno considera que la ley es mejorable "a efectos de garantizar de manera más eficaz el principio de unidad de la acción exterior del Estado". La respuesta, fechada antes de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral, que Exteriores está "procediendo al análisis" de esos puntos, aunque reconoce que cosa distinta es "el momento de oportunidad política en el que pueda plantearse" tal reforma.

Fuentes diplomáticas han precisado que una de las cosas que plantea dudas es, precisamente, el hecho de que el informe de Exteriores sobre las delegaciones sea preceptivo pero no vinculante.

La apertura de las oficinas requiere informes previos de Exteriores, Administraciones Públicas y Hacienda, cada uno en el marco de sus competencias. Las seis últimas delegaciones de la Generalitat solo recibieron objeciones de Exteriores, que concluyó que el "objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado" por la Generalitat, es "utilizar las delegaciones para apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España".

Sin embargo, conforme a la ley, esa opinión desfavorable no frenó las aperturas. Del mismo modo, las seis primeras, que fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque Exteriores consideró que no se informó adecuadamente de su apertura, están en funcionamiento. Borrell ha señalado recientemente en entrevistas radiofónicas que los tribunales aún no se han pronunciado.

Mientras tanto, dice también el Gobierno en su respuesta parlamentaria, Exteriores "está siguiendo con gran atención las actividades" de estas oficinas "en caso de que se constate que las mismas se extralimitan en las funciones que les corresponden de conformidad con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía". En tal caso, el Gobierno verá de qué instrumentos dispone para actuar.

PROPUESTA DEL PP

También el PP registró el pasado otoño en el Congreso una proposición no de ley para reformar esta misma ley, pero no ha llegado a debatirse en la Cámara.

Los populares proponían añadir al artículo 12, la que obliga a las comunidades a informar a Exteriores antes de abrir una oficina "de promoción exterior", un artículo 12 bis para que cuando las oficinas incumplan cualquier disposición de esta ley, por invadir competencias del Estado o por no respetar los principios de la Acción Exterior, el Estado pueda requerir su cierre.

Si éste no se produce, el Estado puede reclamarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa y en la demanda que interponga la Abogacía del Gobierno a instancia del Ministerio de Asuntos Exteriores "se solicitará en todo caso la medida cautelar del cese de la actividad de manera inmediata".

En su propuesta, el PP proponía también una vía para que esas oficinas no puedan abrirse. En concreto, proponía que si el informe de Exteriores es desfavorable, la comunidad en cuestión deba presentar una nueva propuesta de apertura "adaptada", pero si se emite un segundo informe desfavorable, no se podrá crear la oficina.

En total, la propuesta popular proponía reformas en una docena de artículos, sobre todo, para incluir entre los fines de la acción exterior española la promoción de los valores constitucionales, la defensa de la Justicia española en el exterior y la defensa internacional de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Españolas.