ERC y JxCat chocan por la ley sobre la limitación del precio del alquiler

El Govern de la Generalitat se ha topado con disensiones internas a la hora de afrontar el decreto ley sobre el precio del alquiler, que fue retirado en abril por la falta de apoyos parlamentarios.

Mientras que la consellera de Justícia, Ester Capella, anunció durante la mañana del pasado jueves que el Govern ya tenía listo el decreto ley para limitar el precio del alquiler en determinadas zonas urbanas, la Conselleria de Territori dirigida por Damià Calvet reconoció esa misma tarde que el acuerdo aún "no estaba cerrado".

Así lo han indicado fuentes del departamento dirigido por Damià Calvet, que han sostenido que no es seguro que el decreto se lleve al Consell Executiu del próximo martes para que sea aprobado.

Si esto ocurriera sería la segunda vez que este decreto se retira y, en esta ocasión, el motivo de la retirada estaría en el enfrentamiento entre las conselleries de ERC y JxCat sobre el mejor modo de implementar un control sobre los precios de los alquileres.

Mientras que Justícia (ERC) prefiere emular la ley alemana que da capacidad a los municipios para estabecer tablas de precios, Territori (JxCat) es más partidaria de ofrecer incentivos fiscales para ayudar a paliar la pobreza habitacional.

UNA "MEDIDA URGENTE"

En cualquier caso, la consellera ha defendido que con esta medida se recoge la voluntad del Parlament, que instó la semana pasada al ejecutivo catalán a tomar "medidas urgentes" para limitar el incremento de precio del alquiler en zonas de fuerte demanda acreditada.

"Reivindico las competencias propias de Catalunya, tenemos competencias, las queremos ejercer. Esto es el autogobierno, ejercer las competencias propias de Catalunya. A las competencias no se renuncia", ha sostenido Capella.

El decreto ley de la consejera prevé determinar zonas de alta demanda en las cuales los contratos deberían fijarse en virtud de un índice de referencia de precios del alquiler.

Preguntada por la determinación de las zonas de alta demanda, la consellera ha apuntado que pasará por la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad y dependerá de la petición de cada uno de los entes locales, y que se podrá delegar a municipios que tengan competencias para que puedan determinar ellos mismos las zonas y el precio.

"Se declaran zonas tensas, por tanto, no es ilimitada la limitación, tiene un efecto temporal", ha detallado, y ha añadido que la realidad territorial en el caso de Barcelona tiene que ver con más competencias que otros ayuntamientos.