El juez ordena el reingreso de Oriol Pujol en prisión

 

El juzgado de vigilancia penitenciaria número 2 ha estimado el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado de Oriol Pujol, de manera que volverá a analizarse su situación, después de que saliese el 29 de marzo de Brians 2 para poder estar fuera de prisión durante el día y los fines de semana.

Será este juzgado el que finalmente ratificará o no la decisión de que Oriol Pujol pueda tener el tercer grado, que supone que el interno puede salir durante el día para trabajar o hacer actividades formativas o de tratamiento destinadas a su reinserción.

En un auto, el juez acuerda revocar el tercer grado al considerar que no es "conforme a Derecho", después de que el Ministerio Publico presentara un recurso al ver "trato privilegiado".

La jueza ha valorado que en el caso de Pujol "no concurren favorablemente calificadas todas las variables" que el Reglamento Penitenciario establece para que se pueda clasificar al penado inicialmente en tercer grado.

Ha indicado que "ni tan siquiera habían transcurrido dos meses desde su ingreso, por lo que no puede afirmarse que se ha cumplido con un periodo razonable de observación que permita al Equipo Técnico estudiar al interno", lo que ve indispensable para la clasificación inicial en tercer grado.

Ha añadido que concurren circunstancias favorables como su primariedad delictiva, asunción y reconocimiento de los hechos, pago de las multas, bajo riesgo de reincidencia o adaptación socio familiar y tener un empleo, entre otras, pero que estos datos no son determinantes porque "no se observa que se haya producido durante el escaso periodo de ingreso cambio alguno en los déficits tratamentales determinantes de su comportamiento delictivo".

La jueza ha considerado que el tiempo que Pujol ha estado realizando un programa sobre moral y valores desde el 19 de febrero no es suficiente, y que no consta valoración, consolidación y seguimiento que se hayan alcanzado "ni si han tenido algún efecto reeducador en relación a su conducta delictiva centrada, según los informes, 'en la codicia y la posible repercusión en su estatus social y sus relaciones de poder".

Además, ha asegurado que la infracción de Pujol tiene especial relevancia en términos de repercusión social e institucional porque era diputado del Parlament y generó descrédito en las instituciones, y actuó "aprovechando su privilegiada condición política y actividad pública para cometer los hechos delictivos que se prolongaron durante varios años y que deben ser objeto de un importante reproche".