El trámite parlamentario de la "Ley Aragonès" hace saltar todas las alarmas

 

Pie de foto: Pere Aragonès atendiendo a los medios.

Esta semana el Govern de la Generalitat ha presentado ante el Parlament el "Proyecto de Ley de contratos de servicios para las personas", más conocido como "Ley Aragonès", para dar comienzo a su tramitación parlamentaria y han saltado todas las alarmas.

Desde hace semanas, diferentes sectores sociales, sindicales y políticos vienen alertando de los efectos nefastos que supondrá la aprobación de esta Ley haciendo un llamamiento público a la organización contra la misma porque creen que es una ampliación de la privatización en la sanidad, la educación y los servicios de dependencia en Catalunya.

Este proyecto del gobierno de Quim Torra, impulsado por ERC, a través de su vicepresidente y consejero de Economía, Pere Aragonès, tiene como objetivo la regularización de los servicios básicos sociales y de atención a las personas y se pretende que esté aprobado en septiembre de este año.

ARAGONÈS NIEGA QUE SE AMPLIEN LOS SERVICIOS QUE PUEDEN “PRIVATIZARSE”

La Generalitat prevé a través de la "Ley Aragonès" introducir regulaciones adicionales en la contratación a terceros en cerca de 150 servicios que afectan a la sanidad, la educación y la atención a la dependencia. Es decir externalizar, grandes sectores, de los servicios públicos actuales.

Los orígenes de la Ley se remontan al 2016, y una directiva de la UE, cuando Raül Romeva era consejero de Transparencia y ahora encara la fase de alegaciones parlamentarias. Cabe decir que esta propuesta de Ley, entre otras cosas, no fija en ninguno de sus artículos un límite a la externalización planteada.

Y es que según denuncian los agentes sociales tras el discurso "social" del propio Pere Aragonès en el Parlament creen que "se esconde un verdadero plan neoliberal de privatización a gran escala de los servicios públicos en estos tres ámbitos. Tras el supuesto "control", lo que se pretende es sentar las bases para la privatización de un sinfín de servicios que actualmente son de gestión 100% pública".

Entre ellos se encuentran los vinculados a la educación preescolar, educación especial, tutoría o comedor escolar; en el sector de la sanidad pediatría, ginecología, cirugía o personal médico además de incluir la posible externalización ( privatización) de los servicios sociales que atienden a la gente mayor, la infancia y los jóvenes o los relacionados con la discapacidad y los cuidados.

Los contratos de concesión de servicios de la Administración se basan desde 2011 en la oferta económica más ventajosa porque se buscaba maximizar el ahorro en las licitaciones públicas. Y el Gobierno de Quim Torra ha tratado de desmarcarse de la directriz a través de la "Ley Aragonès" encontrándose en el camino con una férrea oposición social .

Desde el Departamento de Economía defienden que la filosofía de la normativa en la tramitación es la de fijar que en servicios sociales el 60% de cualquier contrato sea la calidad de la prestación del servicio final y el 40% el precio, una vía que según la Consejería, protegería que las empresas del Tercer Sector pudieran retener la prestación de contratos.

Pie de foto: Pacientes en pasillos en un  hospital. 

Pero entre la opinión pública empieza a calar el mensaje de que el ERC, en realidad lo que pretende es abrir la puerta a la privatización de servicios básicos en un momento en el que el vicepresidente de Economía se postula como uno de los hombres fuertes del partido republicano entre rumores de un posible adelanto electoral en Catalunya.

Pere Aragonès ha justificado, por ello, ante los medios de comunicación que en el anexo del anteproyecto aparezcan servicios que actualmente no están externalizados "porque si en un futuro se contratan y no están incluidos en la ley, regirá el precio y no la calidad a la hora de la adjudicación y lo que se pretende con esta nueva ley es evitar que quien tenga más capacidad financiera para ofrecer un precio más barato consiga los contratos públicos".

El vicepresidente de la Generalitat ha asegurado además que el objetivo último de la ley es la de garantizar que el precio no sea el principal criterio para la adjudicación la contratación de servicios y que "pese" más la calidad del servicio que se presta, incorporando cláusulas que faciliten el control por parte de la administración y los usuarios.

Además ha afirmado que al añadirle cláusulas de RSC ( Responsabilidad Social Corporativa) a la nueva norma mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores subrogados más allá del convenio colectivo, se prohibirá la adjudicación a empresas que operen en paraísos fiscales y mejorará la responsabilidad ambiental.

LA CUP LIDERA LA OPOSICIÓN A LA LEY IMPULSADA POR ERC

A la "Ley Aragonès" le han dado su respaldo en un primer momento el conjunto del arco político del Parlament de Catalunya a excepción de la CUP que ha hecho un llamamiento para lo que ellos consideran es una grave ofensiva privatizadora.

Pie de foto: Maria Sirvent, diputada de la CUP al Parlament. 

Los cupaires creen que esta Ley es un proyecto que profundizará en la privatización y externalización de servicios de atención y en palabras de su diputada,  "se trata de un proyecto que conforma un ataque hacia los servicios públicos, puesto que provocará la privatización de servicios que no lo estaban y la consolidación de privatizaciones ya existentes que han provocado una grave degradación en la calidad ".

La CUP ha realizado un estudio en profundidad de la "Ley Aragonès" llegando a la conclusión de que "es todavía más mercantilista que la vigente Ley de Contratos del Sector Público ".

LOS COMUNES CAMBIAN DE OPINION Y PIDEN LA PARALIZACIÓN DE LA LEY

Hasta ahora desde Catalunya en Comú Podem no habían puesto trabas a la "Ley Aragonès", siguiendo la política del gobierno municipal de Barcelona que durante los últimos cuatro años con Ada Colau, como alcaldesa, no solo no se ha opuesto a la remunicipalización de los servicios sociales, tal y como mantenía en su programa electoral de 2015, sino que además renovó la contrata a la empresa ACCENT SOCIAL, propiedad de Florentino Pérez, y que supuesto sobre la practica la externalización de los servicios de ayuda a domicilio (SAD) .

Pero este viernes los comunes en el Parlament a través de su portavoz, Jéssica Albiach han optado por cambiar de registro y denunciar públicamente que la "Ley Aragonès abre la puerta a la mercantilización de los servicios públicos" y han pedido la redacción de una nueva normativa previa que regule los convenios y la acción concertada.

Pie de foto: Jessica Albiach en una intervención en el Faristol del Parlament.

Los comunes, ni cortos ni perezosos, han exigido la paralización de la tramitación de la Ley . En este sentido su portavoz en el Parlament ha destacado que en la ley propuesta por el Gobierno se recogen más de 150 servicios públicos de educación, salud y de dependencia que, según Albiach, "pueden quedar a merced de las empresas según sea la voluntad del gobierno de turno".

La diputada Marta Ribas, cree que la "La Ley Aragonès está mal hecha” y se tiene que cambiar de arriba abajo porque tendría que blindar la gestión directa de los servicios públicos y clarificar primero qué servicios se quieren externalizar en Catalunya".

LA MAREA BLANCA TACHA DE “HIPÓCRITA” LA POSTURA DE PERE ARAGONÈS

En un comunicado hecho público, Marea Blanca, cree que la aplicación de la "Ley Aragonès es una decisión política que tiene que tomar cada gobierno o administración, en una dirección u otro, sobre si gestiona por si mismo, o bien subcontrata, o externaliza un servicio. Mienten pues aquellos que nos repiten el mantra que es la UE quién "obliga" a externalizar y contratar a terceros".

Por ello entienden que "rehuir la responsabilidad política con estas afirmaciones hacia arriba puede parecer muy fácil, además de demagogo e hipócrita porque a lo que si obliga la UE es a implementar esta directiva si se elige la opción de contratación pública para la gestión de los servicios públicos".

Pie de foto: Manifestación en defensa de la Sanidad Pública. 

Desde la Marea Blanca de Catalunya son tajantes "entendemos que como garantía de los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía es la gestión directa la mejor fórmula de prestación de los servicios públicos y no la contratación con terceros, que para nosotros es un mecanismo que transfiere recursos públicos al sector privado con la posibilidad de lucro privado".

Y son claros en sus declaraciones "este anteproyecto permite contratarlo todo, situando en el mismo saco desde las mal llamadas "prestaciones sanitarias" del artículo 27, que es la actividad sanitaria pública a actividades extraescolares. ¿Pero pueden tener el mismo régimen legal un servicio de atención primaria que una actividad extraescolar? .El sentido común nos dice que no". Y añaden: "pero además observando los listados contenidos en los diferentes Anexos del Anteproyecto nos encontramos con una relación completa de lo que sería un verdadero Servicio Nacional de Salud. Esta amplitud pues permitiría facilitar el desguace del sector público de la sanidad catalana, del propio ICS".

"Este anteproyecto es el campo de confrontación de dos formulas de gestión indirecta de los servicios públicos muchas veces sin unos límites objetivos y muy determinados. Por un lado la posibilidad que sean empresas con ánimo de lucro y por el otro la llamada economía social o Tercer Sector, que agrupa a todo un conjunto heterogéneo de entidades. La redacción del anteproyecto transforma esta Ley en una herramienta peligrosa puesto que deja a la arbitrariedad del político de turno orientar la configuración del contrato hacia el sector empresarial que más le interese con plena cobertura legal".

EL SINDICATO DE METGES DE CATALUNYA CREE QUE HAY QUE DEFENDERSE DE LA PRIVATIZACIÓN

El Sindicado Metges de Catalunya se ha posicionado contra la "ley Aragonès" porque en palabras de su secretario general, Josep Maria Puig, hablar "de externalización" es un eufemismo de privatización de servicios”. Esta ley para él “ abre la posibilidad de externalizarlo prácticamente todo (cirugía ambulatoria, urgencias, tratamientos de reproducción asistida, servicios de diálisis): Una manera de que privaticen servicios básicos de los hospitales en una sanidad "infrafinanciada" que con una externalización de servicios empeorará, a su parecer, el servicio que se presta".

Pie de foto: Manifestación de médicos en contra de los recortes sanitarios.

Puig añade que "tengo la sensación que esto tiene que tener una respuesta social y nos tenemos que defender porqué nos están privatizando la sanidad a marchas forzadas o, al menos, por la autopista porque alguien no tendrá impedimentos legales para hacerlo en la próxima legislatura porque la ley ya estará aprobada".

Para el sindicato de Metges de Catalunya está es "una manera de trocear la sanidad y a las licitaciones se podrán presentar a concurso "patronales y sociedades mercantiles", en vez de "priorizar" los contratos con "entes sociales".

FAPAC SE MUESTRA ROTUNDA: "HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA"

La FAPAC, Federación de AMPAS que representa a 2.350 AMPAs de toda Catalunya, también considera que esta ley permite "externalizar" servicios básicos que ahora gestiona la administración directamente , en definitiva "hecha la ley, hecha la trampa”.

Para FAPAC  "se están ampliando los márgenes de beneficios de las empresas privadas. Y en Cataluña se ha decidido hacer una ley que solo regula la figura de la contratación pública de servicios educativos vía empresas privadas, es decir, crea el "marco jurídico idóneo" para externalizar, porque "no existe ningún otro marco. Por lo que si quisieran de verdad proteger los derechos de las personas, pondrían límites a esta externalización".

Pie de foto: Infografía que resumen la Ley Aragonés. Autor: FAPAC

Sin embargo la "Ley Aragonés blinda que los servicios se gestionen vía contratación pública, en vez de por convenios y en el caso de los comedores escolares, las entidades sin ánimo de lucro ya no podrán gestionarlos por convenio, sino por contratación pública”.

ALGUNAS DE LAS CLAVES DE LA POLÉMICA LEY ARAGONÈS

No se aplicará con efectos retroactivos sobre los servicios ya externalizados. Esta ley no servirá para los servicios que ya están externalizados sino que a estos se les seguirá aplicando la legislación vigente en el momento de la formalización del contrato. Esta ley se aplicará en cuanto se apruebe a los servicios que se externalicen a partir de la misma, y por tanto, comportará necesariamente nuevas privatizaciones.

150 servicios se verán afectados. La ley regula explícitamente la externalización sanitaria de servicios ginecológicos y obstétricos, pediátricos, servicios de planificación familiar, hospitalarios de cirugía, entre otros muchos. Además la externalización en educación afecta a la enseñanza preescolar y la educación especial, el servicio de comedores escolares; la externalización de servicios de cuidado de personas, como la geriatría; etcétera.

Regula explícitamente como se tienen que externalizar los servicios. Establece nuevos objetos de externalización y regula como tienen que ser estas externalizaciones sin que se blinde mediante una ley anexa la prestación pública directa por parte de la administración, algo que facilitará, y mucho, que se pueda hacer negocio a expensas de los servicios públicos en la sanidad, la educación y los servicios ligados a la dependencia.

Una Ley creada sin ser necesaria. La implementación de una normativa europea es una excusa para seguir privatizando los servicios públicos. La directiva europea no obliga a externalizar vía contratación pública los servicios a las personas. El gobierno de la Generalitat ha decidido, sin ninguna obligación, regular la licitación de una cosa que ni en España ni en Europa obligan a licitar.

Una ley que potencia el ánimo de lucro. El artículo 3.1 de la ley es muy claro “Quedan sujetos a la Ley, con independencia de su valor estimado, los contratos onerosos y a efectos de esta ley, se entiende que un contrato es oneroso cuando el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta”. La Ley establece la posibilidad de optar por empresas de economía social y solidaria, pero no se establece en ningún caso la obligatoriedad y ya existen, sin necesidad de inventarse algo nuevo, fórmulas no contractuales para apostar por la economía social como la cooperación institucional y la concertación con entidades de este sector.