La baza de la Fiscalía para que los presos del 'procés' no obtengan inmediatamente el tercer grado

 

La Fiscalía no se fía. A lo largo de los cuatro meses que duró la vista pública del juicio del 'procés', el Ministerio Público mostró de forma reiterada su desconfianza no solo de la versión de los hechos defendida por los acusados, sino de la lealtad de las instituciones catalanas respecto al Estado de Derecho.

De ahí que en su Memoria Anual de 2018, la Fiscalía General del Estado dude abiertamente de que el sistema penitenciario catalán vaya a mantener la "tranquilidad e imparcialidad" necesarias a la hora de evaluar a los políticos juzgados por el proceso independentista de Catalunya.

Según refleja el informe, presentado este lunes por la Fiscal General María José Segarra con motivo de la apertura del Año Judicial, "las autoridades de la Generalitat, incluido el actual Director General de Instituciones Penitenciarias, han mostrado públicamente su rechazo a la prisión provisional acordada respecto de los procesados por delitos muy graves que tuvieron lugar durante el denominado procés, a los que consideran presos políticos".

"Tales manifestaciones pueden poner en cuestión las condiciones de tranquilidad e imparcialidad que necesariamente han de concurrir en las autoridades y funcionarios de la Administración Penitenciaria de Catalunya cuando hayan de evaluar a los presos si son finalmente condenados", se expone en el escrito.

LA FISCALÍA YA FUE PREVISORA

Sin embargo, el equipo de fiscales que intervino en la causa del 'procés' --Javier Zaragoza, Consuelo Madriga, Javier Moreno y Fidel Cadena-- se guardó un as en la manga para garantizar que los presos, en caso de ser condenados, no salieran de prisión de forma inmediata valiéndose del tercer grado.

Gracias a una previsión del Código Penal (artículo 36.2), la Fiscalía solicitó el pasado mes de mayo al tribunal que los acusados cumplan la mitad de su condena antes de poder acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario.

Esta baza fue jugada por el Ministerio Público a la vista de algunas actuaciones por parte de la Conselleria de Justícia que aconsejaron prevenir una puesta en libertad inmediata en caso de que las autoridades catalanes mantuvieran el control de los encausados por hallarse estos en cárceles catalanas.

Con esta petición --que solo podía ser exigida por la parte acusadora--, se complica la posibilidad de que en caso de sentencia condenatoria, los afectados puedan ser excarcelados de forma casi inmediata por parte del Govern, que es quien ostenta competencias para hacerlo.

EL PRECEDENTE DE ORIOL PUJOL

En marzo de este mismo año, Oriol Pujol obtuvo el tercer grado apenas dos meses después de que ingresara en la cárcel de Brians 2. La Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia ratificó el tercer grado que la junta de seguimiento del centro penitenciario propuso de forma unánime para el expolítico de Convergència.

Pujol fue sentenciado en firme por amañar mordidas a través de centros de ITV concedidos por parte del Govern a empresarios amigos. En su escrito, la junta valoró que el alevín de la familia Pujol corriera con la responsabilidad civil monetaria de la sentencia y que su posibilidad de reincidir fuese mínima, a la vista de que había abandonado la política activa.

Pese a todo, la decisión penitenciaria fue recurrida por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Finalmente, el juez avaló la decisión pese a haberse producido en tiempo récord alegando que no debía buscarse la "venganza social" en el cumplimiento de las penas.